A pesar de esta condena emitida por el Juzgado Correccional N° 1 de San Isidro, Velázquez obtendrá la libertad condicional al ser considerado el tiempo que estuvo detenida tras su extradición desde España, donde fue capturada en julio de 2024 en el aeropuerto de Barajas por autoridades de Interpol. La condena se mantendrá vigente hasta julio de 2028, mientras que la inhabilitación se extenderá hasta 2031.
De acuerdo con informes, la decisión fue el resultado de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, en el cual Velázquez reconoció su culpabilidad por el delito de “cohecho agravado por su condición de funcionaria pública”. Se determinó que ofreció dinero a dos funcionarias públicas con el fin de influir en procesos de adopción. El tribunal concluyó que el delito estaba consumado con el mera oferta de soborno, según explicaciones de un sitio de noticias, aunque ambas funcionarias rechazaron el dinero y el intento no prosperó.
El caso de la ex jueza se remonta a 2017, año en que fue destituida de su cargo en el fuero familiar, posición que ocupó desde la creación del tribunal. En 2016, había sido suspendida por diversas irregularidades, que incluían la falsificación de sentencias, acoso laboral, y la firma irregular de más de 600 documentos por parte de asistentes durante sus ausencias, la mayoría sin autorización de la Corte. Entre las acusaciones más graves se encontraba su supuesta intermediación en la entrega de bebés a cambio de dinero.
Fuentes judiciales refieren que Velázquez había encargado a trabajadoras sociales que recorrieran barrios vulnerables de Pilar, con la intención de hallar a mujeres embarazadas en situaciones críticas y persuadirlas para que entregaran a sus hijos en adopción, percibiendo a su vez una compensación económica por falsificar documentación de adopción y favorecer a determinadas familias adoptantes.
Se detalló en el expediente que a principios de 2011, la funcionaria convocó a trabajadoras sociales a su despacho y les propuso realizar “un trabajo extra” fuera del horario habitual. En el documento se hace mención a que, en 2011, junto a una colega, fueron convocadas por la Dra. Velázquez quien les sugirió salir a buscar “panzas” en los barrios, insinuando que había familias adineradas dispuestas a pagar bien por ello, dejando en claro que las trabajadoras recibirían una remuneración por esos hallazgos.
A inicios de 2024, el juez Nicolás Ceballos emitió una orden de captura contra Velázquez. Su detención se llevó a cabo luego de que el fiscal José Amallo solicitara su arresto, dado que no se logró ubicarla en su residencia de Acassuso para notificarla de una indagatoria. Se había detectado su salida del país con destino a Londres, lo cual activó una alerta internacional.
La causa penal, que se investigó durante años junto a la destitución, comenzó con acusaciones de falsificación de documento público y cohecho. La sentencia del Juzgado Correccional N° 1 de San Isidro se relaciona específicamente con el ofrecimiento de sobornos a funcionarias en medio de procesos de adopción, mientras otros aspectos de la investigación siguen su curso en el ámbito judicial.
