El proyecto es impulsado por la senadora de Chubut, Edith Terenzi, y cuenta con el apoyo de varios legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, y algunos sectores vinculados al peronismo. Patricia Bullrich figura entre los que respaldan el dictamen, mientras que la senadora por Santa Fe, Carolina Losada, ha expresado su desacuerdo junto con otros legisladores. Se ha intentado conocer la opinión de Bullrich sobre su apoyo, pero aún no ha habido respuesta. La Fundación Barbechando, dedicada a temas agropecuarios, anunció que se reunirá con el equipo de la senadora para discutir su respaldo.
La finalidad de la iniciativa es “tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación de modo sistémico al Código Penal de la Nación”. Se propone crear un nuevo Título XIV llamado “Delitos contra el ambiente”, donde se define el ecocidio como el daño irreversible o especialmente grave al ambiente, en contravención de normas de protección ambiental.
Uno de los aspectos más controversiales es el régimen de penas estipulado. El artículo principal establece que los responsables de daños “especialmente graves, extensos y duraderos” podrían enfrentar penas de prisión de tres a diez años, acompañadas de multas significativas. Si se considera que el daño es irreversible, las penas se elevan de cinco a 15 años, sumándose a multas más severas.
En caso de que el daño ocasionara muertes, el texto indica que la pena se incrementaría a cinco hasta 25 años si falleciera una persona, y a un mínimo de diez años si las víctimas fueran dos o más. Además, si un funcionario público está involucrado en el hecho, las penas aumentarán en un tercio.
El proyecto también introduce la responsabilidad penal de las empresas, previendo multas de hasta cinco veces el beneficio obtenido, suspensión de actividades y restricciones para contratar con el Estado.
Otro tema discutible es que la propuesta no solo abarca conductas intencionales, sino que también prevé sanciones por negligencia, imprudencia o falta de observancia de deberes, aunque con penas atenuadas. La autora del proyecto resalta la existencia de un vacío legal en la actual legislación argentina, argumentando que el Código Penal no contempla delitos ambientales como una categoría autónoma y que las normativas vigentes son insuficientes para castigar las conductas más severas contra el medio ambiente.
La senadora subraya que “la creciente degradación de los ecosistemas a escala global, regional y nacional exige una respuesta clara, contundente y eficaz del derecho penal”. Se mencionan precedentes internacionales de países como Francia y Colombia que han adoptado iniciativas similares, buscando endurecer las sanciones por daños ambientales.
La definición de ecocidio también ha sido validada por foros internacionales, donde se entienda como “cualquier acto ilícito que cause daños graves al medio ambiente”. La inclusión de esta figura busca robustecer la protección ambiental y alinear la legislación argentina con estándares internacionales más rigurosos.
El debate apenas comienza. Con el apoyo en comisión, el proyecto deberá buscar consenso político para avanzar en el recinto, mientras que el sector agropecuario se muestra preocupado por los posibles efectos sobre la producción y la inversión. La Sociedad Rural Argentina ha advertido sobre las implicaciones que la ley podría acarrear para la actividad productiva.
Andrés Costamagna, director de la SRA, criticó la iniciativa, sugiriendo que responde a presiones políticas más que a una necesidad real. “Es sorprendente este proyecto de ley. Nos parece que se deriva de la inquietud del gobernador de Chubut, quien, en lugar de legislar a nivel provincial, impulsa una ley nacional por la preocupación de los incendios”, sostuvo.
Costamagna también cuestionó la claridad de la redacción del proyecto, mencionando que los términos utilizados son demasiado amplios. “No discrimina absolutamente nada, lo que se traduce en que cualquier acción podría interpretarse como un daño ambiental”, advirtió. Sostuvo que penalizar tales comportamientos podría disuadir a los inversores.
El procedimiento legislativo para avanzar con el dictamen también fue cuestionado, evidenciando falta de consultas públicas. Costamagna resaltó que la forma en que se ha impulsado la propuesta genera desconfianza. Finalmente, la SRA anticipó que buscará frenar el avance de la iniciativa, argumentando que sería un error permitir la criminalización de actividades productivas bajo el pretexto de proteger el ambiente.
