La demora en el tratamiento del proyecto ha generado preocupación entre asesores fiscales y contribuyentes. Caputo se comprometió a abordar las debilidades de la ley original tras encuentros con contadores, pero la crisis política ha obstaculizado el progreso en el recinto. Fuentes consultadas indican que, tras la asunción de Diego Santilli, la mesa política reanudará sus encuentros la semana entrante, donde se abordará la estrategia legislativa pendiente. Recientemente, el presidente Javier Milei solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza que impulsen las reformas, incluida la de Inocencia Fiscal.
El plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025, fijado para finales de julio, actúa como un factor de presión. El atraso en la aprobación de la nueva ley mantiene en vilo a quienes consideran incorporarse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Algunos analistas advierten que esta situación puede excluir a contribuyentes del sistema y desincentivar a aquellos que buscan claridad antes de exteriorizar sus fondos.
Desde el ámbito de los asesores tributarios, se manifiesta una creciente inquietud por la falta de certezas. Mariano Ghirardotti, socio de una consultora, expresó que el nuevo proyecto respondía a muchas dudas existentes. “El vencimiento es el 27 de julio y todos esperábamos que esto se resolviera durante julio. Si no se trata, algunos clientes quedarán fuera del Régimen Simplificado de Ganancias, mientras que otros optarán por no sumarse debido a las incertidumbres que los asustan y hacen desaconsejable el Régimen”, comentó.
El impacto del retraso también afecta a aquellos contribuyentes que cumplen con los requisitos de ingresos y esperan la aprobación de la nueva norma para prevenir contingencias. Noelia Girardi, gerente de impuestos en una firma, destacó que varios contribuyentes preferirían esperar a que la ley se formalice antes de decidir si declaran los dólares no reportados.
“Muchos contribuyentes, aunque estén listos para adherir, esperan que la ley sea definitiva para conocer los cambios finales, ya que desean evitar cualquier problema con el fisco”, argumentó Girardi. La ley actual excluye a quienes superan ingresos de $1.000 millones, lo que deja a muchas personas fuera de la posibilidad de adhesión hasta que la reforma sea aprobada.
Marcos Felice, contador, también indicó que la demora complica la adhesión masiva al nuevo régimen. “La ley modificatoria ofrece beneficios que permitirían a más personas ingresar al sistema con mayor seguridad jurídica”, enfatizó. A esta altura del proceso, consideró inviable la aprobación en el Congreso antes del 27 de julio y sugirió que sería útil informar si el proyecto se implementará recién el año siguiente o si se establecerá una nueva prórroga.
Sin embargo, hay quienes piensan que el efecto de la demora es menor, como el CEO de una consultora tributaria, quien comentó que la declaración jurada de 2025 está enunciada y que las modificaciones legales serían más relevantes para el uso de fondos en 2026. Destacó que la reforma es crucial para fortalecer el régimen en el futuro cercano, incentivando a más contribuyentes a formalizar sus declaraciones.
“Cuanto más se postergue la ley, esto impacta en la tardanza de la remonetización de la economía”, indicó y advirtió que prorrogar el vencimiento de julio podría traer problemas financieros a las provincias, dado que la recaudación de Ganancias es coparticipable.
La Ley de Inocencia Fiscal fue un aspecto clave en las declaraciones del ministro Caputo, quien aseguró que los próximos 18 meses serán los mejores. Aunque Caputo sostiene que la economía está en crecimiento, reconoce que el ritmo es crucial, dado que aún hay ciudadanos que enfrentan dificultades. La formalización de los ahorros que se estiman fuera del sistema, aproximadamente USD 170.000 millones, podría acelerar ese crecimiento. Ahora resta ver si el oficialismo logrará la aprobación de la nueva Ley en el Congreso, tras la adhesión de varios funcionarios al RSG.
