Pino caracterizó esta postergación como un nuevo obstáculo para una propuesta que, según argumentó, fue objeto de un amplio consenso con diferentes sectores. “Una vez más, el Poder Legislativo está bloqueando algo que es indispensable. Este proyecto es muy necesario, no solo para el campo; hablo principalmente por el campo, pero es esencial para toda Argentina”, declaró.
Asimismo, recordó que la Sociedad Rural había participado activamente en las consultas previas: “Los legisladores han tenido diálogos con nosotros y desde la Rural hemos aportado ideas. Son temas que deben avanzar con mayor fluidez. Es fundamental debatir e insistir en estas cuestiones, ya que son leyes beneficiosas para una Argentina que necesita moverse más ágilmente”.
El dirigente rural también apoyó el artículo que permite la compra de tierras por extranjeros, que se convirtió en el principal inconveniente para que el oficialismo obtuviera los votos requeridos en el Senado. “Nosotros siempre apoyaremos el respeto por la propiedad privada. A quienes les inquieta la idea de que extranjeros compren tierras en Argentina, les recuerdo que esto ya sucedió en los siglos XIX y XX; nuestra nación también fue construida por extranjeros, así que no hay que tener miedo”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que podrían existir situaciones específicas que ameritaran regulación. Como ilustración, mencionó la compra de tierras para ser transformadas en parques o reservas naturales. “Cada propietario es libre de hacer lo que desee con su tierra, pero no debe perjudicar a su vecino”, indicó. En este contexto, expuso que en ciertas áreas de la Patagonia, la proliferación de especies silvestres, como pumas, zorros colorados y guanacos, impacta negativamente en la producción ovina. “Por eso necesitamos una ley de tierras y mantener los diálogos necesarios”, concluyó.
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, iba a ser debatido en el Senado, pero la falta de apoyo llevó al oficialismo a decidir su postergación hasta el 6 de agosto.
Dicha iniciativa propone modificar la actual Ley de Tierras Rurales y eliminar las restricciones vigentes para la compra de campos por parte de extranjeros. La legislación sancionada en 2011 establece que la participación extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales en total, en cada provincia y en cada departamento o municipio, además de que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de este límite.
La versión más actualizada del proyecto habilita la compra de tierras rurales sin restricciones para personas físicas y jurídicas extranjeras, mientras que, en el caso de las empresas con participación de Estados extranjeros, se requiere una autorización conjunta de la Nación y de la provincia donde se encuentra la propiedad. Este aspecto generó desavenencias durante la negociación parlamentaria y fue un factor que impidió al oficialismo reunir los votos necesarios para impulsar su aprobación.
Desde el Gobierno argumentan que la reforma tiene como objetivo atraer inversiones y destacan que esta apertura no incluye a los Estados extranjeros, sino exclusivamente a inversores privados. Sin embargo, esta propuesta ha encontrado resistencia no solo entre el kirchnerismo y la izquierda, sino también entre algunos sectores de la oposición, que han planteado objeciones sobre el alcance de los cambios y el rol que las provincias deberían mantener en la regulación del uso y la propiedad de la tierra.
