El Repia, establecido por la Resolución 182/26, tiene como objetivo catalogar a aquellos productores, empresarios o particulares que hayan cometido infracciones o afronten un sumario relacionado con normativas ambientales en Misiones. La provincia se caracteriza por una política estricta en cuanto a la conservación de bosques nativos y tiene regulaciones severas sobre las actividades que los privados pueden llevar a cabo en sus propiedades. Los empresarios temen que esta nueva herramienta del Ministerio de Ecología les imponga más restricciones.
“Esto funcionará de tal manera que, por cualquier inconformidad que ellos consideren que infringís alguna de sus regulaciones, serás incluido en este registro. Hasta que no resuelvas la infracción con ellos, quedas bloqueado para realizar cualquier trámite en Ecología”, advirtió Rafael Scherer, representante de la empresa Pindó de Puerto Esperanza, quien también se unió al reclamo.
Recientemente, Amayadap (Asociación Maderera Aserraderos y Afines del Alto Paraná), una de las principales organizaciones del sector forestoindustrial de Misiones, solicitó la eliminación del Repia, al que considera inconstitucional. La entidad también se reservó la posibilidad de acudir a la Justicia Federal para solicitar su suspensión si no se atienden sus demandas. Horas más tarde, Apicofom (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y el Norte de Corrientes) expresó su apoyo al pedido.
En poco tiempo, la Confederación Económica de Misiones, que agrupa a 27 cámaras de la provincia, y otras seis entidades se unieron al reclamo. Este descontento se asemeja a la oposición que surgió hace tres años cuando la Legislatura de Misiones prohibió el uso de glifosato sin consultar al sector productivo. La forestoindustria, así como los cultivos de yerba, tabaco y té, dependen del uso de dicho insumo, y su prohibición sin un debate previo generó una respuesta unificada por parte del sector.
En aquel entonces, el gobernador Hugo Passalacqua accedió a prorrogar la prohibición del herbicida tras el fuerte reclamo colectivo.
Los productores manifestaron que perciben una falta de comprensión por parte de los funcionarios que elaboran reglamentos ambientales sin tener en cuenta las realidades del trabajo en el campo, lo que aumenta las dificultades para las actividades productivas. Apicofom subrayó la necesidad de un cambio de enfoque: “Consideramos necesario un urgente cambio de actitud hacia el sector productivo porque creemos firmemente que el único camino para el crecimiento de Misiones es el desarrollo productivo e industrial”.
La carta de Amayadap y las otras cámaras se emitió tras una reunión de sus representantes con opositores como Miguel Núñez, Ramón Amarilla y Martín Arjol, en la que pidieron al gobierno provincial que “deje de poner palos en la rueda con sus normas burocráticas”.
El malestar abarca no solo la implementación del Repia, sino también las demoras en la aprobación de permisos para cambios de uso del suelo, esenciales para la producción, como permitir que un productor forestal destine un terreno a otro cultivo. “Nos impiden disponer de nuestra propia tierra”, señalaron durante la reunión realizada en la sede de Amayadap.
Asimismo, manifestaron que el gobierno está obligando a los propietarios de bosques nativos y tierras aptas para obtener créditos de carbono a participar en el programa REDD+, cuyas condiciones son consideradas muy desfavorables para los privados. En este programa, el gobierno actúa como “juez y parte”, promoviendo la inclusión pero restringiendo el uso del suelo.
Con los permisos adecuados, cada productor podría gestionar su propia política ambiental y acceder a créditos de carbono al certificar que sus actividades contribuyeron a la captura de carbono y a la mitigación del cambio climático.
