Una de las principales modificaciones consiste en la eliminación del tope del 2% para los aportes patronales extraordinarios, lo que permitirá a las partes negociar estos montos sin restricciones, aunque los acuerdos deberán ser homologados por el Estado para adquirir validez.
El decreto, que cuenta con las firmas del presidente Javier Milei y de los ministros Sandra Pettovello y Diego César Santilli, tiene como objetivo clarificar el alcance de las disposiciones vigentes y asegurar su correcta aplicación, especialmente en lo concerniente a la base de cálculo de aportes y contribuciones sindicales. Según lo estipulado en el Artículo 1°, esta base solo incluirá el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador, junto a sumas remunerativas normales, habituales y de abono mensual que provengan de convenios.
En contraste, el cálculo quedará excluido de conceptos como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario (aguinaldo), plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro pago que no tenga carácter normal, habitual y mensual.
Asimismo, el Artículo 2° indica que las contribuciones y aportes pactados en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo deberán ser destinados exclusivamente a iniciativas de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores. La administración de estos fondos deberá ser rigurosamente documentada y separado de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 467/88.
La normativa, que comenzó a regir el 17 de julio, tiene como fin ofrecer certeza jurídica y facilitar el control de legalidad previo a la homologación de acuerdos y convenios colectivos. No obstante, su implementación podría generar tensiones entre empleadores y sindicatos, dado que la exclusión de conceptos variables en la base de cálculo podría resultar en una disminución de los ingresos de los gremios.
La reforma laboral, promovida por la Ley N° 27.802, había suscitado debates sobre su efectividad. Este nuevo decreto pretende aclarar ambigüedades y prevenir conflictos en las negociaciones, aunque algunos sectores anticipan que los sindicatos resistirán estas limitaciones en sus márgenes de maniobra durante las discusiones salariales.
