El desembolso se relaciona con el sexto servicio de amortización e intereses de los Títulos de Deuda Pública Clase II RIL32, emitidos en dólares por la Provincia, con un vencimiento previsto para 2032.
Según la documentación del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Orlando Fabián Blanco Gómez, el pago se compone de US$ 6.125.668 por amortización de capital y US$ 1.594.771,51 en intereses devengados entre el 21 de enero y el 20 de julio del año en curso.
A pesar de que las obligaciones están en dólares, la Provincia ha indicado que el pago se efectuará en pesos argentinos al tipo de cambio aplicable, siguiendo las condiciones establecidas en el prospecto de emisión. Los fondos se transferirán a través del sistema electrónico del Banco Central a una cuenta de Caja de Valores.
El título RIL32 tiene un monto nominal original de US$ 49.005.344, con una tasa fija anual del 7,5% y servicios semestrales de intereses. La amortización de capital comenzó en julio de 2025 y se distribuye en ocho cuotas anuales del 12,5% de la emisión.
Aunque este pago es parte del cronograma financiero provincial, representa un aspecto político significativo dado el delicado estado crediticio de La Rioja. Mientras se cumple con esta obligación, la gestión de Quintela permanece en default con respecto a los Bonos Verdes, emitidos inicialmente para financiar el Parque Eólico Arauco.
La cesación de pagos se inició en febrero de 2024, cuando la administración provincial dejó de pagar una cuota de capital de aproximadamente US$ 16 millones. Desde ese momento, los tenedores han iniciado acciones legales en tribunales extranjeros y han buscado recuperar activos de la Provincia, incluidos bienes estatales relacionados con el proyecto energético.
La situación resalta una estructura financiera fragmentada: La Rioja cumple con ciertos compromisos locales o en pesos, mientras enfrenta problemas con los acreedores de títulos bajo legislación extranjera.
El Gobierno provincial ha atribuido parte de sus dificultades a la disminución de transferencias nacionales y a la reducción de recursos federales. Sin embargo, las decisiones sobre emisión, renegociación y pago de deudas son de responsabilidad directa del Ejecutivo riojano y su Ministerio de Hacienda.
La administración de Quintela además deberá clarificar el impacto del desembolso en las cuentas provinciales, qué recursos presupuestarios se emplearán y cuál es la situación actual de los compromisos en moneda extranjera. Si bien se ha notificado el pago puntual al mercado, no se ofrece una imagen completa de las obligaciones financieras que la Provincia deberá cumplir en el futuro cercano.
El dilema más crítico aún no tiene solución. Los acreedores de los Bonos Verdes continúan con sus demandas, y la Provincia intenta reestructurar una deuda que ha complicado su acceso a crédito, convirtiéndola en una jurisdicción excepcional en el contexto argentino.
El plazo establecido para este lunes evidencia que La Rioja puede atender algunas de sus obligaciones, aunque lo haga en moneda local. La contradicción persiste en otro título que aún mantiene cuotas impagas mientras los litigios avanzan.
Entre pagos selectivos y deuda en default, la política financiera de Quintela sigue afectando las cuentas y el patrimonio provincial.
