La presentación oficial tendrá lugar en el Ministerio de Economía, donde Luis Caputo estará acompañado por representantes de las cámaras del sector. La exposición se desarrollará en horas de la tarde.
Las modificaciones que se plantean buscan fomentar una mayor participación de los contribuyentes en este régimen.
Los “dólares del colchón” se refieren a aquellos fondos que las personas no han declarado o formalizado. Este aspecto es central en la norma, ya que el Ejecutivo pretende que estos recursos se integren nuevamente en la economía nacional.
La semana anterior, Caputo se reunió con un grupo de contadores y tributaristas para definir los cambios que se incluirán en esta iniciativa.
Entre los reclamos que plantearon estaba la postergación de la declaración jurada, lo cual no fue un hecho aislado, ya que pocas horas después, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2025 hasta el 27 de agosto, aunque la fecha de vencimiento para el pago se mantuvo sin cambios.
“Desde el Gobierno, por cuestiones de recaudación, se buscaba evitar la prórroga y que eventualmente se rectificara más adelante bajo el régimen simplificado para quienes adhieran después a la modificación de la ley. La postergación de la declaración se dio, pero no así del pago: en mi opinión, es un hecho positivo (al final, se pagará con intereses)”, afirmó el contador Alejandro Rosenfeld, quien participó de la reunión con Caputo.
No obstante, esta extensión no mejoró la situación fiscal del Estado. Aunque el primer semestre cerró con un superávit, en junio se observó un déficit tanto primario como financiero.
Según información confirmada por fuentes oficiales, dos de los cambios que propone el Gobierno afectan al Régimen Simplificado de Ganancias y a las discrepancias significativas.
Respecto al primero, se implementará un régimen mediante el cual los contribuyentes que se inscriban quedarán “blindados para siempre”. Sin embargo, esto ha sido criticado, dado que se establece que los ingresos anuales no pueden superar los $1.000 millones y el patrimonio no puede exceder los $10.000 millones, excluyendo así a grandes patrimonios y, con ellos, una mayor cantidad de dólares que permanecen fuera del sistema financiero.
La segunda modificación se centra en el límite legal que anula la presunción de exactitud de la declaración del contribuyente. Si ARCA identifica una discrepancia que supere el 15% de los saldos declarados o que supere los $100 millones, se anularía el beneficio de la Inocencia Fiscal, lo que llevaría a la eliminación del sellado impositivo y a la prescripción corta. Ante esta situación, se busca ampliar el margen porcentual y, en caso de error, ARCA permitiría la rectificación de la declaración jurada y el pago de la diferencia antes de que comience una investigación.
El nuevo proyecto incluirá algunos de los cambios sugeridos por diversos contadores y tributaristas—entre ellos Rosenfeld, César Litvin, Miriam Roldán y Sonia Becherman— quienes participaron de las reuniones.
