El rechazo del gremio se profundizó en los últimos días con declaraciones del referente de ADOSAC en Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, quien acusó al Gobierno provincial de recurrir a “la extorsión al diálogo” y cuestionó que el monto del incentivo supere ampliamente la recomposición salarial discutida durante las negociaciones paritarias.
El beneficio fue establecido mediante el Decreto Provincial 673/26 y alcanza a docentes, supervisores, directivos y personal de apoyo que hayan cumplido asistencia completa entre febrero y el 30 de junio. Se trata de una asignación fija, excepcional, no remunerativa y no bonificable.
Vidal definió el pago como una “caricia” y un reconocimiento para quienes “cumplieron con su deber”. Sin embargo, el mecanismo establece una diferenciación dentro del sistema educativo: quienes no participaron de medidas de fuerza accederán al incentivo, mientras que aquellos que adhirieron a paros quedarán excluidos.
Desde ADOSAC señalaron que la decisión contradice el argumento oficial utilizado durante las negociaciones salariales, cuando la Provincia planteaba limitaciones presupuestarias para mejorar las ofertas. Según el sindicato, si esos recursos se hubieran destinado a una recomposición general en marzo, el conflicto podría haberse evitado.
Valentín estimó que el aumento del 10% acordado para julio representa entre $220.000 y $230.000 para un docente que recién inicia con doble cargo. Bajo esa comparación, el bono de $500.000 supera ampliamente esa mejora mensual, aunque no modifica el salario básico ni tiene impacto sobre antigüedad, aguinaldo o jubilación.
Ese cálculo corresponde a la interpretación del gremio y puede variar según la situación laboral de cada trabajador. Por otra parte, el Gobierno provincial no informó junto con el decreto la cantidad exacta de beneficiarios, el costo fiscal total del programa ni la distribución por niveles educativos y localidades.
El conflicto educativo en Santa Cruz también incluye reclamos vinculados a infraestructura escolar, acuerdos paritarios pendientes y cuestionamientos sobre descuentos aplicados por jornadas de paro.
En ese sentido, ADOSAC denunció recientemente problemas edilicios en establecimientos de Río Gallegos, entre ellos el Secundario 10, donde se suspendieron actividades por fallas estructurales. El gremio sostiene que varias escuelas atraviesan dificultades que afectan el normal dictado de clases.
Vidal, por su parte, anunció que se devolverán descuentos aplicados por huelgas anteriores, aunque advirtió que en adelante cada jornada no trabajada será descontada. La combinación de reintegros excepcionales, incentivos por asistencia y la advertencia de nuevas deducciones configura la estrategia del Gobierno provincial frente al conflicto docente.
Hasta el momento, no existe una resolución judicial que haya declarado la inconstitucionalidad del incentivo ni una medida que suspenda su aplicación. La controversia se concentra en si este mecanismo puede afectar el ejercicio del derecho a huelga, una cuestión que el sindicato plantea como parte de su reclamo.
El Ejecutivo provincial deberá enfrentar ahora dos debates: la discusión legal sobre el criterio utilizado para asignar el beneficio y la decisión política de destinar fondos a un incentivo selectivo en lugar de incorporarlos al salario general de todos los docentes.
La información sobre la cantidad definitiva de beneficiarios y el costo total del programa será uno de los próximos datos relevantes para evaluar el alcance de la medida, mientras continúan abiertos los reclamos salariales, las negociaciones paritarias y las demandas por el estado de las escuelas.
