Ascárate dejó su cargo al frente del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) y será reemplazado por Eduardo “Lalo” Cobos, de acuerdo con la comunicación oficial del Poder Ejecutivo provincial.
La salida del funcionario se produjo luego de una disputa interna que quedó registrada en el expediente 4217/390-L-2026, iniciado el 22 de julio. El conflicto tuvo como punto de partida una solicitud de informe dirigida al área de Recursos Humanos del organismo sobre la situación de trece empleados, con un plazo de respuesta de 24 horas.
La subinterventora administrativa financiera, Ingrid Lausberg, cuestionó esa actuación y sostuvo que la medida habría excedido las facultades otorgadas por el decreto provincial 2/3 (MEyP), posteriormente ratificado por la Ley 9.982. En ese marco, planteó la posibilidad de remitir las actuaciones al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía de Estado y a la Justicia Penal.
Además, solicitó que Ascárate dejara de emitir órdenes que no contaran con su firma y señaló que la situación podía implicar una posible incompetencia, delegación irregular de funciones y eventuales delitos contra la Administración Pública.
Ascárate rechazó esos planteos y respondió que sus facultades estaban respaldadas por los decretos 3/1 y 4/1 de 2024 y por la Ley 8.479, normas que, según argumentó, le otorgaban atribuciones similares a las que tenía el antiguo directorio del ERSEPT. También negó que el pedido de información pudiera constituir una irregularidad y reclamó la continuidad del trámite iniciado.
Hasta el momento, los cuestionamientos formulados dentro del organismo no derivaron en una denuncia penal formal, una imputación fiscal ni una resolución judicial que establezca la existencia de delitos por parte de Ascárate.
La disputa generó una situación de paralización interna en el ente regulador, con acusaciones cruzadas entre sus autoridades sobre el funcionamiento administrativo y la conducción del organismo encargado de controlar servicios esenciales.
El conflicto también alcanzó al personal del ERSEPT. La representación sindical del organismo denunció situaciones de hostigamiento, presuntas diferencias en el pago de adicionales, vencimiento de contratos y demoras en el pago de beneficios a familiares de un trabajador fallecido. Ante estos reclamos, se realizaron medidas de fuerza y se declaró el estado de alerta y movilización.
La estructura que incorporó el cargo ocupado por Lausberg había sido creada por el gobernador Osvaldo Jaldo tres meses antes. La Legislatura provincial aprobó la nueva organización, mientras sectores opositores habían cuestionado la posible superposición de funciones dentro del organismo.
En los días previos a la renuncia de Ascárate, Lausberg afirmó que no existían diferencias personales y que la intención era garantizar transparencia y coordinación dentro del ente. Sin embargo, la salida del interventor confirmó la ruptura entre las autoridades.
Con la designación de Eduardo “Lalo” Cobos, el Ejecutivo deberá definir la continuidad de las actuaciones administrativas abiertas y establecer el esquema de autoridad dentro del ERSEPT, especialmente en relación con la gestión de recursos humanos, expedientes y patrimonio del organismo.
El futuro del expediente 4217/390-L-2026 será uno de los puntos centrales para determinar si el conflicto quedó limitado a una disputa interna por competencias o si derivará en nuevas actuaciones administrativas o de control.
