El convenio establece un mecanismo para cumplir con las obligaciones económicas previstas en la Declaración de Impacto Ambiental y, al mismo tiempo, impulsar inversiones en infraestructura. De acuerdo con lo informado, el acuerdo busca brindar mayor previsibilidad para el desarrollo del emprendimiento.
Entre los puntos principales se encuentra la fijación de las regalías provinciales en un 3% de los ingresos durante toda la vida útil del proyecto, aplicable tanto a las propiedades mineras actuales como a las que puedan incorporarse en el futuro dentro del área comprendida por el convenio.
Además, se prevé la creación de un fideicomiso para administrar de manera transparente los fondos contemplados en la Declaración de Impacto Ambiental destinados a las obras acordadas. Como parte de ese esquema, se realizará un aporte inicial de 250 millones de dólares que permitirá financiar proyectos de infraestructura antes del inicio de la etapa productiva.
A ese desembolso se sumará un aporte equivalente al 1,5% de las ventas brutas, conforme a lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental. Esos pagos comenzarán a efectuarse a partir del sexto año de operaciones y estarán destinados a financiar infraestructura y otras iniciativas, además de las regalías provinciales.
El acuerdo concentra en un único mecanismo contractual todas las obligaciones económicas derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental. Asimismo, la provincia se compromete a no establecer contribuciones adicionales de características similares a las contempladas en ese instrumento.
El convenio constituye la primera etapa de un proceso que continuará con nuevas negociaciones sobre otros aspectos vinculados al desarrollo del proyecto. Para entrar en vigencia deberá ser aprobado por la Legislatura de San Juan, mientras que el aporte anticipado está previsto para el último trimestre de 2026.
Desde el Gobierno provincial señalaron que el acuerdo también pone fin a un conflicto administrativo iniciado en 2022 en torno al aporte previsto en la Declaración de Impacto Ambiental. El texto será enviado a la Cámara de Diputados de San Juan para su tratamiento y eventual ratificación.
Las autoridades provinciales indicaron que los recursos serán destinados a financiar obras viales, hídricas, de saneamiento e infraestructura pública antes de que comiencen a percibirse regalías provenientes de la explotación minera.
El proyecto contempla el desarrollo de dos yacimientos ubicados en la cordillera sanjuanina, sobre el límite con Chile. El plan prevé una inversión inicial de 9.700 millones de dólares, con posibilidades de ampliación hasta los 18.000 millones de dólares, y fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La construcción se desarrollará en tres etapas y tiene previsto comenzar en 2027. Una vez en funcionamiento, se proyecta una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata.
Durante el período de mayor actividad en la construcción, previsto entre 2027 y 2030, se estima la generación de alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos. En la etapa operativa, el proyecto mantendría unos 5.000 empleos directos y cerca de 19.000 indirectos, con la meta de que aproximadamente el 90% de la mano de obra sea de origen local.
Según las proyecciones oficiales, cuando alcance su máxima capacidad de producción el emprendimiento generaría exportaciones cercanas a los 6.000 millones de dólares anuales, un volumen equivalente al total de las exportaciones mineras argentinas estimadas para 2025.
