El seguimiento de los datos del sistema financiero muestra además un desplazamiento hacia los períodos de atraso más extensos. Durante el último año, la cantidad de personas sin atrasos disminuyó en 887.010, mientras también se redujo el número de deudores con incumplimientos de hasta seis meses.
En cambio, aumentaron con fuerza quienes acumulan períodos más prolongados de mora. Los deudores con atrasos de entre seis meses y un año crecieron en 536.899 personas, mientras que aquellos con más de un año de incumplimiento aumentaron en 1.298.950.
En términos interanuales, el grupo con más de un año de atraso creció un 60%, mientras que el correspondiente a deudas de entre seis meses y un año avanzó un 63%. En conjunto, las categorías de mora más grave incorporaron alrededor de 1,7 millones de personas adicionales.
Dentro de este escenario también creció la cantidad de deudas que son transferidas para su gestión. Un total de 11 entidades, entre estudios de cobranza, fondos de inversión y fideicomisos, concentran este tipo de cartera. En conjunto representan el 9,6% de las líneas de crédito morosas, aunque explican el 3,6% del monto total de la deuda en mora.
Estas entidades abarcan al 15% de las personas con deudas vencidas, aunque los mismos deudores pueden mantener obligaciones pendientes con otras instituciones. El mecanismo consiste en adquirir créditos de difícil recuperación a un valor inferior al monto original y luego intentar cobrar directamente las obligaciones para obtener una diferencia entre el precio de compra y lo finalmente recuperado.
El funcionamiento de estas operaciones también generó cuestionamientos por las prácticas utilizadas para reclamar los pagos. Se señaló el uso de mecanismos de presión y hostigamiento, mientras que en la provincia de Buenos Aires se inició una investigación a partir de 2.240 denuncias recibidas en seis meses contra distintas billeteras virtuales. Los reclamos incluyen situaciones vinculadas con acoso, falta de información clara sobre los créditos y ausencia de mecanismos para desistir.
El deterioro de la capacidad de pago también aparece en otros indicadores. Los préstamos familiares con incumplimientos superiores a 90 días alcanzaron en julio el 12,94%.
La evolución de los montos adeudados presenta, sin embargo, diferencias según el tiempo transcurrido desde el incumplimiento. La deuda mediana de quienes no tienen atrasos se ubicó en $128.000. Para quienes acumulan entre uno y tres meses de mora fue de $220.700, mientras que entre tres y seis meses alcanzó los $203.000. En el grupo con atrasos de seis meses a un año llegó a $193.500 y descendió a $77.900 entre quienes llevan más de un año sin pagar.
En este último segmento, además, la mitad de los considerados “irrecuperables” acumula deudas por $77.900 o menos si se suman todas sus obligaciones.
Aunque los montos medianos son relativamente bajos, su evolución real fue diferente según el nivel de atraso. Durante el último año, la deuda mediana de quienes se encuentran en la situación más grave aumentó un 80% en términos reales, mientras que entre quienes integran la categoría anterior el incremento fue del 35%. En las demás categorías, el monto mediano adeudado disminuyó en términos reales.
La morosidad también presenta diferencias importantes entre los grupos de edad. En julio, el 38,1% de las personas de entre 15 y 29 años tenía al menos una deuda en mora. La proporción fue del 31,73% entre quienes tenían entre 30 y 44 años y del 23,05% en el segmento de 45 a 59 años.
Entre las personas de 60 a 74 años, el porcentaje se redujo al 16,77%, mientras que entre quienes tenían 75 años o más alcanzó el 14,47%.
Pese a las diferencias entre edades, el número de deudores morosos aumentó en todos los grupos durante el último año. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el incremento fue del 46,9%; en el segmento de 30 a 44 años llegó al 43,1%; entre 45 y 59 años fue del 46,9%; y entre 60 y 74 años alcanzó el 44%. Incluso entre las personas de 75 años o más se registró una suba del 28,9%.
Los datos muestran así un desplazamiento de una parte de los deudores hacia períodos de incumplimiento cada vez más extensos, acompañado por un aumento de las obligaciones que pasan a ser gestionadas por entidades especializadas en recuperación de créditos.
