Un análisis sobre el funcionamiento del régimen señala que las inversiones se concentraron principalmente en actividades que ya tenían un desarrollo importante en el país, especialmente la minería y los hidrocarburos. Según datos actualizados por investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), durante los primeros dos años se registraron 42 proyectos ante el Ministerio de Economía: 21 vinculados con la minería y 15 con hidrocarburos. Ambos sectores concentran más del 95% de los capitales comprometidos.
En agosto de 2025 se habían identificado 19 proyectos por un total de 30.760 millones de dólares. El 63% correspondía a minería y el 32% a petróleo y gas. En cambio, sectores como el turismo, la tecnología y la forestoindustria tenían una participación marginal o directamente no contaban con proyectos dentro del régimen.
Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los proyectos aprobados permitirán alcanzar inversiones promedio de 5.000 millones de dólares anuales durante los próximos cuatro años. También señaló que existen cerca de 20 iniciativas adicionales a la espera de aprobación. Hasta el momento, el monto total aprobado asciende a 46.000 millones de dólares.
El RIGI fue aprobado en julio de 2024 como parte de la Ley de Bases y establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de garantías de estabilidad durante 30 años. El régimen también contempla mecanismos para resolver controversias entre los inversores y el Estado y extiende sus condiciones tanto a capitales nacionales como extranjeros.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con el alcance de esas garantías y con la posibilidad de que futuras administraciones encuentren limitaciones para modificar regulaciones ambientales, tributarias o sociales que afecten a los proyectos alcanzados por el régimen.
El cobre aparece entre las actividades que concentran buena parte de las nuevas inversiones. Argentina cuenta con aproximadamente el 1,8% de las reservas mundiales y podría alcanzar una producción potencial de un millón de toneladas anuales durante la próxima década. En ese escenario avanzan proyectos como El Pachón, con una inversión prevista de 9.500 millones de dólares, y MARA, que contempla otros 4.000 millones.
La expansión de la actividad minera también plantea interrogantes vinculados con el uso del agua y la energía, la protección de glaciares y ambientes periglaciares y la posibilidad de desarrollar proveedores y actividades industriales dentro del país. Entre los proyectos mencionados se encuentra Vicuña, que integra los depósitos José María y Filo del Sol en la Cordillera de San Juan y que es objeto de cuestionamientos por su relación con ecosistemas glaciares y periglaciares.
Otro de los focos de atención está ubicado en el Golfo San Matías, en Río Negro, donde confluyen dos grandes iniciativas vinculadas con la exportación de hidrocarburos. El proyecto VMOS contempla la construcción de un oleoducto para conectar Vaca Muerta con Punta Colorada y una terminal de exportación. La capacidad proyectada es de 550.000 barriles diarios, con posibilidad de ampliarla hasta 700.000. A su vez, otro proyecto prevé exportar gas natural licuado mediante embarcaciones que operarán desde el golfo.
El área se encuentra dentro de una ecorregión caracterizada por una importante biodiversidad y conectada con la Península Valdés. También constituye hábitat y corredor migratorio para distintas especies, entre ellas la ballena franca austral.
Investigadores y organizaciones ambientales cuestionaron que algunas evaluaciones de impacto del proyecto petrolero hayan sido realizadas por tramos, debido a que ese mecanismo dificultaría una evaluación conjunta de los efectos acumulativos. Entre los riesgos señalados aparecen posibles derrames, un incremento del tránsito marítimo y modificaciones en el ecosistema.
El impacto sobre el empleo también forma parte del debate. Las grandes obras pueden generar puestos de trabajo durante su etapa de construcción, aunque existen advertencias sobre posibles efectos sobre actividades que ya se desarrollan en las zonas involucradas, como la pesca y el turismo.
Las dudas también alcanzan a las pequeñas y medianas empresas. Si bien el RIGI establece un porcentaje mínimo de compras locales, el punto de discusión está en cuánto valor agregado argentino generarán esas contrataciones. Datos del Observatorio Pyme indican que menos del 5% de las pequeñas y medianas empresas participan como proveedoras de proyectos incluidos en el régimen.
En Catamarca, el Salar del Hombre Muerto refleja parte de estas tensiones. La explotación de litio en la zona comenzó a fines de la década de 1990 y comunidades de Antofagasta de la Sierra vienen planteando cuestionamientos relacionados con el territorio y las fuentes de agua. Con la implementación del RIGI se sumaron nuevos proyectos en la cuenca.
Durante el primer año del régimen fue aprobado Hombre Muerto Oeste, con una inversión prevista de 217 millones de dólares y una proyección de 250 puestos de trabajo directos. En este caso, las expectativas vinculadas con el empleo y la infraestructura conviven con preocupaciones relacionadas con el uso del agua y los impactos sobre el territorio.
El costo fiscal constituye otro de los principales puntos de discusión. Hasta el momento no existe una estimación oficial pública sobre cuánto representan las exenciones otorgadas a través del RIGI. De acuerdo con proyecciones difundidas por especialistas en materia tributaria, solo 12 proyectos, una vez que estén en funcionamiento, podrían representar un costo fiscal equivalente al 0,25% del Producto Bruto Interno (PBI).
Otras estimaciones ubican la pérdida potencial de recaudación en alrededor de 1.800 millones de dólares anuales. Frente a este escenario, distintos sectores plantean que el costo del régimen debería quedar explicitado en la separata de gastos tributarios del Presupuesto 2027. Desde el Gobierno, en cambio, se sostiene que esas inversiones no estaban garantizadas sin los beneficios previstos por el RIGI.
La discusión también se extiende a la distribución de los recursos. Los ingresos provenientes del impuesto a las ganancias, las retenciones y los aranceles corresponden al Estado nacional, mientras que las provincias pueden recibir regalías y mantener otras actividades económicas vinculadas con los proyectos.
Este esquema genera un debate sobre la distribución territorial de los beneficios y los costos. Las provincias mineras e hidrocarburíferas podrían concentrar parte de las regalías, mientras que la reducción de determinados ingresos tributarios impactaría principalmente sobre la recaudación nacional.
A esto se suma la discusión internacional sobre los regímenes de promoción y la tributación de las grandes empresas. Un documento elaborado por investigadores de instituciones académicas y organizaciones especializadas cuestionó que el RIGI se aparte de iniciativas impulsadas a nivel global para establecer niveles mínimos de tributación corporativa y reducir mecanismos de elusión fiscal.
A dos años de su implementación, los datos muestran una fuerte concentración de los proyectos en minería e hidrocarburos, mientras permanecen abiertos los interrogantes sobre el costo fiscal, la generación de empleo, la participación de proveedores locales y los efectos sobre los recursos naturales y el ambiente.
El debate sobre el RIGI, de esta manera, ya no se limita al volumen de inversiones que puede atraer. También involucra las condiciones otorgadas por el Estado, la distribución territorial de los beneficios y los posibles costos que el régimen puede generar a largo plazo.
