La normativa que reguló la operación estableció como requisito que las entidades participantes no estuvieran alcanzadas por un plan de regularización y saneamiento previsto en el artículo 34 de la Ley 21.526, que no registraran deudas correspondientes a los cargos establecidos por el artículo 35 de esa norma y que tampoco tuvieran sanciones firmes que implicaran una restricción operativa vigente.
El Banco Provincia es actualmente la única entidad del sistema financiero que se encuentra bajo un plan de regularización. La institución había solicitado al Banco Central el cierre de ese esquema y sostiene que cumplió con los requisitos necesarios para levantarlo, aunque la medida todavía no se concretó.
La exclusión se produjo en un contexto particular para el banco bonaerense. Pocos días antes, había anunciado una nueva línea de créditos hipotecarios ajustados por UVA para la construcción de viviendas. Se trata de la primera vez desde la reanudación de este tipo de operaciones en 2024 que la entidad ofrece préstamos bajo ese mecanismo, luego de haberse mantenido al margen del sistema UVA implementado durante la administración de Mauricio Macri.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía busca que los bancos puedan acceder a fondos de la Anses mediante depósitos de largo plazo y destinarlos al financiamiento hipotecario. El esquema contempla un total de 10 licitaciones, cada una por $200.000 millones, hasta alcanzar un monto acumulado de $2 billones.
La primera convocatoria tuvo ofertas por $258.640 millones a través de 42 propuestas presentadas por 18 entidades. Finalmente, 13 bancos resultaron adjudicatarios y se distribuyeron $200.000 millones, aproximadamente el 77% del monto total ofertado.
Los recursos se dividieron en dos tramos. El primero, a un año, adjudicó $35.570,7 millones, con una tasa equivalente a UVA más un margen promedio ponderado de 2,67%. El segundo, a cinco años, concentró $164.429,3 millones, con una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 4,94%. El dinero deberá ser destinado a créditos hipotecarios para vivienda.
El mecanismo busca resolver el descalce entre los plazos de captación y de colocación de los bancos. Mientras más del 90% de los depósitos a plazo fijo se constituye a 30 días, los créditos hipotecarios que se pretende impulsar tendrán plazos de 20 o 30 años.
Para evitar una concentración de los recursos, cada entidad podrá recibir como máximo el 20% del monto de cada licitación. Una vez constituidos los depósitos, los bancos tendrán 90 días corridos para desembolsar nuevos créditos, con fecha límite establecida para el 1° de diciembre.
Los préstamos podrán alcanzar hasta 150.000 UVA, un monto equivalente a unos US$200.000, y estarán dirigidos principalmente a familias de ingresos medios y personas que busquen acceder a su primera vivienda. El alcance final del financiamiento estará condicionado por la evolución de los mercados locales.
La exclusión del Banco Provincia, en tanto, se produjo por su situación frente al plan de regularización establecido por el Banco Central, en momentos en que la entidad acababa de ampliar su oferta de créditos hipotecarios mediante préstamos ajustados por UVA.
