Uno de los cambios planteados está incluido en el artículo 70 y corresponde al régimen de sanciones de la Ley de Protección de Datos Personales. La iniciativa propone reemplazar los montos fijos actualmente previstos por un sistema basado en una unidad móvil, cuyo valor inicial sería de $20.000.
De aprobarse la modificación, las multas podrían ir desde cinco hasta un millón de unidades móviles. Con el valor inicial establecido en el proyecto, esto representaría sanciones de entre $100.000 y $20.000 millones.
El valor de esa unidad se actualizaría una vez por año de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. De esta manera, las multas quedarían vinculadas a la evolución de los precios y no necesitarían una modificación legal cada vez que la inflación altere su valor.
El proyecto mantiene, además, otras herramientas previstas para sancionar infracciones, como apercibimientos, suspensiones, clausuras y cancelaciones de bases de datos. La graduación de las sanciones continuará vinculada con la gravedad de la infracción cometida.
Otro de los capítulos incorporados en la iniciativa está relacionado con el sistema ferroviario. El artículo 64 propone eliminar derechos de importación, IVA, impuestos internos y distintas tasas para la adquisición en el exterior de material destinado a ferrocarriles y subterráneos.
El beneficio alcanzaría a trenes, rieles, equipos eléctricos, maquinaria y determinados servicios técnicos o de capacitación contratados en otros países. Podrían acceder al régimen el Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y las empresas ferroviarias estatales.
La exención comprendería bienes nuevos y usados, siempre que la industria nacional no se encuentre en condiciones de proveerlos. Para acceder al beneficio, las órdenes de compra deberían formalizarse antes del 31 de diciembre de 2027.
El proyecto también contempla modificaciones para las concesiones de rutas nacionales. A través del artículo 67, se proponen incentivos fiscales para quienes resulten adjudicatarios de futuras licitaciones de obras públicas viales o para quienes amplíen concesiones existentes.
Entre las herramientas previstas se encuentra la posibilidad de utilizar una amortización acelerada de las inversiones a los efectos del Impuesto a las Ganancias. También se plantea la recuperación del IVA correspondiente a las obras mediante reintegros o certificados de crédito fiscal.
A esto se suma un beneficio relacionado con el impuesto a los débitos y créditos bancarios: el proyecto permitiría computar el 100% de ese tributo como pago a cuenta de Ganancias, IVA y determinadas contribuciones patronales.
La aplicación de este esquema requeriría además la participación de las provincias. El proyecto las invita a eliminar impuestos como Ingresos Brutos y Sellos sobre las concesiones alcanzadas por el régimen. La adhesión provincial sería necesaria para acceder a los beneficios fiscales nacionales.
En paralelo, el artículo 65 introduce una modificación vinculada con dos centrales eléctricas. La iniciativa autoriza el traspaso de los activos actualmente pertenecientes a los fideicomisos de las centrales Guillermo Brown y Vuelta de Obligado a las sociedades Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. y Central Vuelta de Obligado S.A.
El texto establece que el sector público deberá conservar una participación accionaria mayoritaria en esas sociedades. De esta manera, los activos que actualmente se encuentran dentro de los fideicomisos podrían incorporarse a la estructura de las respectivas compañías.
Un punto relevante del proyecto es que los artículos 65 y 67 pasarían a formar parte de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. Por ese motivo, las disposiciones incluidas en esos dos artículos no quedarían limitadas exclusivamente al ejercicio 2027.
El proyecto enviado al Congreso, por lo tanto, combina las previsiones fiscales para el próximo año con modificaciones de carácter tributario y regulatorio en distintas áreas. Entre ellas se encuentran el nuevo mecanismo para actualizar las multas por protección de datos, las exenciones para determinadas importaciones ferroviarias, los incentivos fiscales para concesiones viales y el traspaso de activos de dos centrales eléctricas a sociedades con participación mayoritaria del Estado.
