La iniciativa es impulsada por el sindicato de trabajadores gastronómicos y cuenta con el respaldo del gremio de Comercio, además de otras organizaciones sindicales. Los dirigentes sostienen que la falta de disponibilidad de esos recursos profundiza la crisis financiera de las prestadoras de salud y compromete la atención médica de los trabajadores.
El monto reclamado está compuesto por dos partidas. Por un lado, $288.000 millones correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución, que actualmente se encuentran depositados a plazo fijo en el Banco Nación. Por otro, unos $400.000 millones vinculados con fondos de inversión y deudas por aportes de adherentes voluntarios.
Los cuestionamientos también alcanzan al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien los sindicatos responsabilizan por la falta de respuestas frente al deterioro del sistema. Según indicaron los dirigentes, mantuvieron tres reuniones con el funcionario, pero hasta el momento no recibieron una propuesta concreta para resolver la situación.
El último encuentro se realizó en la sede de una organización sindical del sector de la actividad marítima. Tras esa reunión, los representantes gremiales advirtieron que las dificultades financieras de las obras sociales afectan directamente la cobertura de los trabajadores y sus familias.
Uno de los principales puntos de preocupación es la distribución de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución. De acuerdo con los sindicatos, actualmente el 90% de ese fondo se utiliza para cubrir prestaciones vinculadas con discapacidad, lo que reduce la disponibilidad de recursos para tratamientos de alta complejidad y medicamentos.
Frente a este escenario, las organizaciones reclaman la liberación inmediata de los fondos y una actualización del nomenclador de medicamentos, cuyos valores, según sostienen, permanecen congelados desde hace tres años.
Entre los gremios que participan de la iniciativa también se encuentra la Unión Obrera Metalúrgica de la Capital Federal, junto con otras entidades que buscan coordinar una respuesta conjunta ante el Gobierno nacional.
La disputa judicial podría profundizar el conflicto entre las organizaciones sindicales y la administración de Javier Milei. Los dirigentes adelantaron que no impulsarán un paro parcial, sino que buscarán avanzar con una huelga general de 36 horas acompañada por una movilización.
La medida de fuerza sería parte de una estrategia de mayor presión contra las políticas del Ejecutivo, en un contexto de reclamos por el financiamiento de la salud sindical y la disponibilidad de recursos para garantizar las prestaciones médicas.
Los sindicatos consideran que el Ministerio de Salud debe asumir un papel central en la búsqueda de una solución y advierten que, sin medidas inmediatas, la continuidad de las coberturas médicas podría verse comprometida.
