La renuncia de Ariel Waissbein al frente del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) abrió un escenario de incertidumbre respecto del rumbo que adoptará la política oficial de defensa digital del Estado argentino. El alejamiento del funcionario, formalizado a fines de octubre poco después de que se cancelara una jornada destinada a articular con empresas tecnológicas la creación de un centro nacional de operaciones, estuvo acompañado por la salida del subdirector del área, Ezequiel Gutesman, y el posterior desplazamiento de Ariel Cessario, quien coordinaba el equipo de respuesta ante emergencias informáticas (CERT.ar).
El recambio en la conducción dejó en pausa el proyecto central que impulsaba el equipo saliente: la instalación de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) nacional alojado sobre la infraestructura de la empresa estatal ARSAT, en la localidad bonaerense de Benavídez. El diseño original apuntaba a centralizar la vigilancia de los organismos públicos para detectar amenazas en tiempo real, articular respuestas rápidas y resguardar datos sensibles mediante el uso de herramientas de código abierto y servidores propios, buscando abaratar costos y evitar la dependencia de proveedores extranjeros.
La crisis interna se produce en paralelo a la llegada de importantes recursos externos y a una redefinición geopolítica en torno al origen del equipamiento tecnológico. En octubre, la Embajada de Estados Unidos anunció un aporte de USD 15 millones para respaldar la puesta en marcha de un centro nacional de monitoreo y auditar la seguridad de ARSAT, fondos que se suman a un crédito previo de USD 30 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fortalecer la infraestructura digital estatal, aunque todavía resta definir cómo se articularán y ejecutarán ambas líneas de financiamiento.
En ese marco, la asunción de Walter Agüero como nuevo director del CNC coincidió con la firma de una disposición que establece nuevos requisitos de seguridad para las futuras compras públicas vinculadas a redes críticas. De acuerdo con la lectura de analistas del sector tecnológico, estas exigencias restringirían la participación de fabricantes chinos como Huawei y ZTE en licitaciones de infraestructura estratégica, en sintonía con los lineamientos promovidos por Washington para desplazar la tecnología de origen asiático de áreas consideradas sensibles. El punto genera particular atención debido a que buena parte de la Red Federal de Fibra Óptica operada por ARSAT ya funciona con equipamiento provisto por Huawei.
De este modo, en un contexto atravesado por reiterados ciberataques, filtraciones de bases de datos y episodios de ransomware contra dependencias oficiales en los últimos años, la nueva gestión deberá resolver qué aspectos del plan elaborado para ARSAT seguirán en pie, cómo se implementará el esquema de vigilancia digital y qué impacto tendrán las nuevas restricciones sobre la infraestructura tecnológica ya instalada en el país.
