Tras la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, que estipula el recupero de 685.000 millones de pesos, el tribunal oral que dictó las condenas ha enviado un oficio a la Corte Suprema de Justicia para avanzar en esta cuestión.
El objetivo es determinar si, de acuerdo con la legislación vigente, alguno de los 111 inmuebles identificados para ejecución es de interés para la propia Corte o para el Consejo de la Magistratura.
Este comunicado fue dirigido a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encabezada por Sergio Romero.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu informó que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había desestimado los recursos presentados por Cristina Kirchner, quien se oponía al avance sobre sus bienes. Asimismo, también fueron rechazadas las apelaciones de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, que buscaban evitar el decomiso de bienes que les fueron entregados como parte de un adelanto de herencia.
En el oficio, el juez Uriburu recordó que el 18 de noviembre del año anterior se había consultado a esa oficina sobre los bienes decomisados, para que la Corte decidiera si se quedaría con alguno de los 111 propiedades identificadas en esta fase inicial o si estos eran de interés del Consejo de la Magistratura.
El juez solicitó una resolución sobre si algún bien “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso [por la Corte] o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
Cabe destacar que el tribunal sugirió que, dado que la provincia de Santa Cruz es la principal afectada en la causa Vialidad, debería considerarse en la determinación del destino de los bienes decomisados.
La Acordada 22 del 2025 establece que la administración de los bienes decomisados corresponde a la Corte, y que, antes de proceder al remate, debe decidirse si alguno de estos bienes puede ser utilizado por el propio tribunal o por otra dependencia del Poder Judicial, como la habilitación de tribunales u oficinas judiciales.
El trámite está en curso, aunque Cristina Kirchner tiene la opción de interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Una doctrina establecida señala que las sentencias son ejecutables una vez que se rechaza el recurso extraordinario, lo que permitiría avanzar en el remate de los bienes.
El nuevo Código Procesal Penal indica que la sentencia se considera firme cuando la Corte rechaza el último recurso, aunque en este caso, un decomiso no es una sentencia definitiva.
La Cámara Federal de Casación Penal ha respaldado la ejecución del decomiso de bienes. El juez Gustavo Hornos subrayó en su última resolución que el decomiso debe establecerse no solo como una declaración abstracta, sino que debe llevar a la efectiva recuperación de los activos derivados del delito.
