Sin embargo, casi tres semanas después, el decreto aún no ha sido firmado ni publicado en el Boletín Oficial. La demora ha suscitado confusión y cierta ansiedad en ciertos sectores, ya que varios artículos de la reforma laboral, aunque la ley se considere vigente, requieren aclaraciones antes de su aplicación efectiva.
Recientemente, varios funcionarios han coincidido en que el texto se encuentra en revisión por parte de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, donde se están tomando más tiempos de lo planeado para evitar posibles impugnaciones por parte de la CGT y otros sindicatos.
“Le pidieron a María (Ibarzábal Murphy) que revisara cada palabra y cada línea del decreto”, confesó un representante del espacio Milei, refiriéndose a la titular del área, quien ha ganado la confianza de los hermanos Milei gracias a su papel previo en la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, donde tuvo un papel crucial en la redacción de la Ley Bases, entre otras normativas.
La elaboración del decreto final envolvió la integración de diversas áreas del Gobierno, que trabajaron en diferentes ritmos debido a la complejidad de algunos artículos legales. “Se trató de un esfuerzo colectivo, con borradores provenientes de los ministerios de Economía, Desregulación y Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, el Banco Central y ARCA”, informaron desde la Casa Rosada.
Desde los despachos oficiales, la responsabilidad de la demora en finalizar el borrador se ha atribuido al Ministerio de Economía, donde Luis Caputo ha exigido una rigurosidad absoluta en la redacción de los artículos donde su cartera tiene un papel central.
“Existen ciertos aspectos que pueden aplicarse de forma directa, como aquellos relacionados con la Ley de Contrato de Trabajo, que no requieren reglamentación específica; no obstante, otros artículos, como el que establece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el que reduce las cargas para nuevas contrataciones, sí necesitan esa aclaración”, argumentó una fuente oficial al explicar la situación actual.
El FAL, según se ha revelado, fue el aspecto que demandó más análisis y consultas técnicas y jurídicas. Este fondo representa una de las apuestas clave del Gobierno en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, ya que introduce una transformación estructural en el sistema de indemnizaciones al establecer un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo destinado a cubrir despidos en el sector privado, con el fin de reducir la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local.
De acuerdo con la ley 27.802, el FAL debía comenzar a operar a partir del 1° de junio próximo, pero ya se escuchan temores en el mercado sobre la posibilidad de una prórroga en este aspecto debido a la demora.
