El informe indica que, según los datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, se abrieron 190 concursos en 2025, en comparación con 82 en 2023, lo que equivale a un aumento del 131,71%. La organización resaltó que “la inercia destructiva empeoró en el arranque de 2026”: de febrero a abril de este año, se registraron 92 nuevos procesos concursales en la jurisdicción porteña.
Esta cifra ya supera la cantidad de concursos registrados en los años 2021 a 2024 para cada uno de esos años completos. En 2020, en el punto más crítico de la pandemia, se llevaron a cabo 106 concursos preventivos, lo que contrasta con los 190 del año precedente y los 92 en un único trimestre de 2026.
Desde IPA expresaron una fuerte inquietud sobre “el inminente colapso judicial y productivo del sector manufacturero”. Destacaron que “la actual coyuntura empresarial se caracteriza por el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026”, manifestando que las consecuencias sociales de esta extinción son severas, con 327.813 trabajadores que han perdido la cobertura del sistema de riesgos del trabajo.
El informe de IPA subraya que la contracción productiva ha provocado un alarmante proceso de desinversión, evidenciado por la pérdida neta de inversión extranjera directa en el sector, lo que ha derivado en un saldo negativo inédito, siendo esta la primera vez en 22 años. Ante esta crisis, “importantes firmas multinacionales abandonaron el país”, mientras las empresas locales se han visto obligadas a modificar su matriz productiva para continuar operando.
El documento también indica que, en medio de la imposibilidad patrimonial que está llevando a las pymes hacia un “fatal resultado falencial”, se ha registrado una pérdida significativa de capital a causa de bienes de uso inactivos, alcanzando una capacidad ociosa del 40,2%. Se enfatizó que lo más desolador del cierre de fábricas es la pérdida de empleo, tanto directo como indirecto, así como el impacto negativo que genera en los grupos de interés y el entorno de las empresas.
El presidente de IPA, Daniel Rosato, comentó: “Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor. Porque estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, solo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”.
Rosato solicitó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente frente a la “crisis terminal” que enfrentan las pymes y exigió al Congreso de la Nación que impulse el tratamiento y aprobación “inmediata” del proyecto de ley de emergencia económica, con el fin de evitar un cierre masivo y acelerado de empresas.
Para prevenir quiebras definitivas o ejecuciones judiciales sobre sus activos, IPA instó al Congreso a discutir el proyecto de ley de emergencia para el sector, buscando establecer un remedio paliativo y transitorio que permita a las pymes recuperar su capital de trabajo y evitar un aumento en los cierres y concursos preventivos.
