La reglamentación fue formalizada a través de la Resolución 5862/2026, que se encuentra disponible en el Boletín Oficial. El régimen abarca las relaciones laborales en el sector privado establecidas hasta el 5 de marzo de 2026 que estén vigentes al momento de la incorporación. Los empleadores tienen hasta el 28 de noviembre de 2026 para inscribirse, pudiendo incluir deudas vencidas hasta el último día del mes de la solicitud, lo cual incluye las obligaciones correspondientes a octubre de 2026.
Este régimen se enmarca en un contexto caracterizado por altos niveles de informalidad laboral: de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el 43% de los trabajadores se encontraba en situación de informalidad en el cuarto trimestre de 2025, lo que equivale a 5,6 millones de asalariados fuera del sistema previsional. El sector de la construcción y el servicio doméstico presentan las tasas de informalidad más elevadas, con un 52,6% y un 78%, respectivamente.
La normativa también incluye la posibilidad de regularizar casos identificados en inspecciones previas, siempre que las deudas no hayan sido saldadas, independientemente de cualquier controversia administrativa o judicial en curso. Sin embargo, las relaciones laborales del sector público quedan excluidas de este régimen.
Las quitas en la deuda por aportes y contribuciones a la seguridad social dependen del tamaño de la empresa. Las micro y pequeñas empresas, así como las entidades sin fines de lucro, podrán beneficiarse con un perdón del 90% de lo adeudado; las medianas empresas de los tramos 1 y 2 tendrán una quita del 80%, y el resto de los empleadores se beneficiarán con un 70%. Aquellos que opten por pagar el monto restante de forma inmediata disfrutarán de una reducción adicional del 50%.
La condonación de deuda para aportes al Fondo del Sistema Nacional del Seguro de Salud, Riesgos del Trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio alcanza el 100%, tanto del capital como de los intereses.
La financiación de la deuda remanente se podrá llevar a cabo a través del plan de facilidades de ARCA, que presenta una tasa de interés preferencial del 1% mensual. Las micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro podrán optar por un plan de hasta 72 cuotas, con un pago inicial del 3% del monto total. Las medianas empresas recibirán hasta 48 cuotas con un anticipo del 4%, mientras que los demás empleadores tendrán acceso a maximizar hasta 36 cuotas con un pago inicial del 5%. Es importante destacar que el monto mínimo de cada cuota es de 50.000 pesos.
La caducidad del plan está vinculada a la falta de pago de dos cuotas, ya sean continuas o no, o a no cumplir con el pago de una cuota en los plazos establecidos. En tales situaciones, ARCA podrá exigir el cobro total de la deuda acumulada e iniciar acciones judiciales para su recuperación.
Para registrarse en el régimen, los empleadores deberán declarar a los trabajadores no registrados, corregir las fechas de ingreso que no coincidan con la verdad o comunicar remuneraciones inferiores a las realmente pagadas. Este trámite se realiza a través del servicio con clave fiscal “Simplificación Registral”, con la posterior inclusión en las declaraciones juradas de seguridad social, ya sean originales o rectificativas. La gestión del plan de facilidades se realizará mediante el servicio “Mis Facilidades”, el cual estará disponible en el sitio web de ARCA a partir del próximo martes 16 de junio.
Además de los beneficios financieros, la adhesión al régimen también tiene efectos en el ámbito penal: extingue la responsabilidad penal por delitos tributarios vinculados a las obligaciones incluidas en el régimen, siempre que no haya una sentencia firme previa a la fecha de adhesión. Asimismo, los empleadores que participen en el programa obtendrán la baja automática del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por infracciones previamente constatadas hasta el 6 de marzo de 2026. El tiempo regularizado será considerado como tiempo de servicio para acceder a prestaciones jubilatorias y por invalidez o desempleo.
La Ley de Modernización Laboral fue aprobada por el Congreso en febrero de 2026, aunque su implementación se postergó hasta finales de abril debido a la suspensión de más de 80 artículos por parte de la Justicia, tras una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo. La nueva normativa introduce cambios en los costos laborales, establece nuevos mecanismos para manejar la jornada laboral y actualiza los procedimientos para la resolución de conflictos judiciales. Esta semana, ya se han observado los primeros efectos concretos, con la firma del primer acuerdo de banco de horas entre Mirgor, un fabricante de electrónica y autopartes, y el sindicato SMATA.
