La propiedad, que podría describirse como una quinta, figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada. En Argentina, resulta curioso que jubilados posean grandes bienes o financien a funcionarios, mientras que muchos otros viven en condiciones precarias. González Charvay, considerado el juez favorito de ambos líderes del fútbol, ya enfrenta cargos en el ámbito Penal Económico por evasión fiscal y retención indebida de tributos. Si se confirman las alegaciones, el monto implicaría alrededor de 400 millones de dólares, excluyendo aún la mansión en Pilar.
La causa sobre la propiedad de esta casa, que se hizo conocida tras una fiesta de jueces que destapó la riqueza indebida de los dirigentes de la AFA, fue manejada previamente por el juez Daniel Rafecas y el magistrado en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quienes impulsaron la investigación. Actualmente, está bajo el control de la jueza Verónica Straccia, reconocida por su seriedad y perfil bajo.
El rumor apunta a que la sala de Casación, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, podría quitarle a Straccia el manejo del caso y devolverlo a González Charvay, lo que sería un gran alivio para Toviggino y Tapia.
Se estima que la justicia estadounidense, que también investiga los movimientos financieros de los líderes del fútbol argentino, podría actuar más rápidamente que la local. Sin embargo, no hay que apresurarse: Borinsky busca un lugar en la Corte Suprema y su candidatura cuenta con el apoyo del expresidente de dicho tribunal, Ricardo Lorenzetti. Sería sorprendente que tomara una decisión que generara un escándalo judicial en el que él mismo podría verse comprometido, especialmente si su objetivo es llegar al máximo cargo de la Justicia de manera limpia.
El rumor también sugiere que esta inminente decisión podría estar relacionada con gestiones realizadas por el viceministro de Justicia, Santiago Viola, en representación del ministro Juan Bautista Mahiques, quien anteriormente ocupó roles en la AFA junto a Toviggino y Tapia. Viola es conocido por haber manipulado testigos falsos para apartar al juez Sebastián Casanello durante la investigación sobre los hijos de Lázaro Báez en la causa “la ruta del dinero K”.
Viola, que transitó de ser abogado defensor de acusados kirchneristas de corrupción a viceministro en el gobierno actual, actúa como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, además de ser apoderado nacional de La Libertad Avanza. Su relación con Karina Milei, que enfrenta una investigación por su papel en la creación de la criptomoneda $LIBRA, también genera suspicacias. No obstante, es importante mantener la cautela y considerar que esto podría ser solo un rumor alimentado por la maledicencia habitual en el entorno judicial.
Por otro lado, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi está en el centro de una controversia reciente al excluir a los damnificados de su propio caso relacionado con la criptomoneda $LIBRA. Argumentó que los inversores que entran en el mundo de las criptomonedas asumen riesgos y, en consecuencia, no tienen derecho a reclamar. Este enfoque plantea la cuestión sobre por qué los querellantes invertirían tiempo y recursos en un litigio ajeno.
Sin embargo, esto ha debilitado la acción legal al privar de impulso a quienes podrían interpelar el expediente. Solo el fiscal Eduardo Taiano podría reactivar el caso, pero su falta de acción durante dos años sugiere un desinterés hacia casos que involucran al poder.
Adicionalmente, Martínez de Giorgi tiene un interés personal en la justicia, ya que su esposa está en espera de una designación como jueza federal. Así, su resolución inusual podría reflejar inseguridades relacionadas con sus aspiraciones profesionales.
El gobierno actual ha evitado hasta el momento interferencias en la justicia, especialmente en comparación con el periodo anterior bajo la dirección de Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio. Mahiques y Viola, sus sucesores, parecen estar contribuyendo a un deterioro en lugar de ayudar al presidente.
El abogado Bernardo Saravia Frías expresó con claridad sus preocupaciones sobre el proceso de selección de jueces: “Se están designando centenares de jueces a los empellones, abusando de procedimientos para alterar órdenes de mérito y privilegiando afinidades sobre excelencia”. Esta realidad es observable en los pliegos que son enviados al Senado por Mahiques y Viola para su aprobación.
Milei podría no estar al tanto de estas maniobras, dado su enfoque en la economía, y parece que los dos funcionarios están actuando sin su conocimiento. Anteriormente, Cúneo Libarona y Amerio habían prometido seguir el orden de mérito en las designaciones judiciales. Esto genera interrogantes sobre el cambio en la conducta que se observa actualmente.
En el caso del juez Ariel Lijo, quien ha sido señalado por su ineficiencia en el manejo del caso de YPF, una Cámara ha ordenado que acepte a una ONG como parte querellante. Esta ONG, integrada por personas de renombre, había sido bloqueada inicialmente por Lijo. El caso de YPF, que data de 2007 con una denuncia realizada por Elisa Carrió, todavía está estancado.
La jueza Preska había establecido una indemnización significativa por la mala gestión de la privatización de YPF, pero una Cámara de Apelaciones revocó esta decisión, salvando a Argentina de una carga financiera monumental.
Con la llegada de Milei, el nuevo procurador del Tesoro ha continuado con la estrategia de Saravia Frías, lo que implica una cierta continuidad en el manejo de asuntos legales. Saravia Frías reflexionó recientemente sobre la necesidad de contar con jueces imparciales y competentes, advirtiendo que la ambición personal de algunos magistrados podría socavar la independencia judicial.
