A través de un comunicado, la red que reúne a las autoridades de los CCT de todo el país consideró que esas expresiones representan un “ataque institucional de extrema gravedad” contra el sistema científico, tecnológico y universitario argentino.
Los representantes del organismo calificaron los dichos presidenciales como una agresión “infundada y maliciosa” hacia quienes integran el ámbito científico y educativo, y sostuvieron que buscan deslegitimar reclamos vinculados con el financiamiento universitario, los salarios y la continuidad de las políticas de ciencia y tecnología.
Además, señalaron que equiparar las manifestaciones pacíficas y el debate académico con prácticas terroristas implica criminalizar derechos constitucionales y afectar el desarrollo del pensamiento crítico dentro de una sociedad democrática.
Una de las autoridades de los centros científicos del CONICET cuestionó el impacto institucional de las declaraciones y sostuvo que ese tipo de expresiones remite a “otras épocas” de la historia argentina vinculadas con momentos de censura y persecución.
Desde el ámbito científico también recordaron que los trabajadores del sector fueron señalados en distintas oportunidades con expresiones descalificadoras, mientras enfrentan una situación salarial crítica. En ese sentido, plantearon que calificar como terroristas a quienes realizan protestas o reclamos pacíficos representa una profundización de esos cuestionamientos.
En su comunicado, la Red de Directores y Directoras de los CCT sostuvo que la utilización de términos asociados al terrorismo y la subversión para referirse a integrantes de la comunidad académica recuerda discursos utilizados durante períodos de dictadura para justificar persecuciones, censura, intervenciones universitarias y el debilitamiento del sistema científico.
El documento también hizo referencia a episodios históricos como la denominada “Noche de los Bastones Largos” y afirmó que la máxima autoridad del Estado debe mantener responsabilidad institucional, respeto por las posiciones críticas y compromiso con la convivencia democrática.
Los directores señalaron que estudiantes, docentes e investigadores cumplen tareas vinculadas con la generación de conocimiento, la salud, la innovación tecnológica y la resolución de problemas concretos de la sociedad.
Por ese motivo, reclamaron el cese de las descalificaciones hacia la comunidad científica y educativa, y convocaron a los distintos poderes del Estado, instituciones democráticas y a la sociedad en general a rechazar expresiones que, según sostuvieron, afectan la paz social y el Estado de derecho.
El pronunciamiento se produjo en medio de una creciente tensión entre el Gobierno nacional y sectores vinculados al sistema universitario y científico por las políticas de financiamiento y el rol del Estado en esas áreas.
