Uno de los proyectos apunta a reorganizar la Justicia Federal mediante cambios en la ley de Organización de la Justicia Federal. El esquema en análisis contempla reducir de 12 a 8 los juzgados de primera instancia de Comodoro Py y de 13 a 9 los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancia penal antes de la Corte Suprema.
La reducción de cargos también alcanzaría vacantes en los fueros laboral y criminal nacional. El objetivo es disminuir parte del presupuesto destinado a la estructura judicial, reducir la acumulación de expedientes pendientes y redistribuir funciones dentro de los tribunales.
El Ministerio de Justicia analiza además la posibilidad de transferir a las provincias los fondos que se liberen con la reducción de cargos. A esto se suma la intención de avanzar con el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, un fuero que representa alrededor del 30% del presupuesto total del Poder Judicial de la Nación.
El segundo eje está relacionado con el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de intervenir en la selección y remoción de jueces. El proyecto que se encuentra en elaboración propone excluir a la Corte Suprema de su integración y reducir la cantidad de representantes de jueces, abogados, académicos y legisladores.
La iniciativa se vincula con el fallo de la Corte Suprema de diciembre de 2021, que declaró inconstitucional la ley de 2006 que había reducido el Consejo a 13 integrantes por considerar que se alteraba el equilibrio establecido por la Constitución.
Ante la falta de una nueva legislación, se restableció de manera provisoria la integración anterior, de 20 miembros, con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a cargo del organismo de manera temporal.
La propuesta del Gobierno busca establecer una nueva composición, con un cuerpo más reducido y sin participación de la Corte Suprema en las decisiones vinculadas con la designación y remoción de magistrados.
El tercer componente del paquete corresponde a la reforma del Código Penal. La estrategia prevista inicialmente fue modificada y ahora se apunta a presentar una iniciativa más acotada, basada en el código vigente desde 1921, con el objetivo de facilitar su tratamiento parlamentario.
El proyecto original contemplaba alrededor de 900 artículos, mientras que la nueva versión tendría unos 300. Las diferencias sobre el alcance de la reforma habían demorado su presentación, pero el Gobierno busca avanzar ahora con un texto general.
Entre las modificaciones previstas se encuentra un criterio de interpretación orientado a otorgar mayor consideración a los derechos de las víctimas durante los procesos penales. También se plantea un aumento de las penas para determinados delitos urbanos, entre ellos robos cometidos bajo modalidades conocidas como “viudas negras”, motochorros, salideras bancarias y entraderas.
Para algunos de estos delitos se contemplarían penas de hasta 12 años de prisión, con agravantes cuando las víctimas se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. El proyecto también incorporaría nuevas figuras relacionadas con delitos informáticos y estafas.
Aunque los tres proyectos tienen origen en el Ministerio de Justicia, cada uno enfrenta condiciones diferentes para su tratamiento legislativo. La reorganización de los juzgados depende en buena medida de acuerdos presupuestarios con los gobernadores, mientras que la reforma del Consejo de la Magistratura deberá resolver cuestiones vinculadas con el equilibrio que establece la Constitución. La modificación del Código Penal, por su parte, requerirá un consenso político más amplio en un año electoral.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene como prioridad la cobertura de vacantes en juzgados y fiscalías. Hasta el momento fueron enviados al Senado 203 pliegos: 144 correspondientes a jueces, 26 a fiscales, 25 a defensores y cuatro listas de conjueces.
De ese total, 96 postulaciones ya recibieron acuerdo parlamentario y otras 85 permanecen pendientes de aprobación. El objetivo oficial es alcanzar unas 300 postulaciones antes de finalizar el año y reducir el nivel de vacancia del 35% al 27%.
Entre los cargos que fueron tratados con mayor cautela se encuentran los vinculados con juzgados que tienen competencia electoral en las provincias. La demora en el envío de estos pliegos estuvo relacionada con la relevancia de esas funciones en cuestiones como la conformación de listas y el reconocimiento de la personería de los partidos políticos.
Según informó el Ministerio de Justicia, esta situación comenzará a modificarse en los próximos días, cuando se envíen al Senado los primeros candidatos destinados a cubrir las vacantes de la Justicia Electoral provincial. El avance se producirá en paralelo con las negociaciones por el resto de la agenda judicial.
