Uno de los fallos ratificó el sobreseimiento de Macri en una investigación por presunto espionaje ilegal iniciada en 2020. La causa se originó luego de que, durante una revisión de soportes tecnológicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se encontrara un disco rígido que contenía correos electrónicos correspondientes a distintas personas.
Entre quienes figuraban en los archivos estaban Rodolfo Tailhade, Elizabeth Gómez Alcorta, Carlos Tomada, Verónica Magario, Laura Alonso, Nicolás Massot, Luis Majul y Carlos Castagneto. Este último amplió posteriormente la denuncia a partir de elementos que señalaban una posible infiltración de una agente en una agrupación política.
El sobreseimiento de Macri había sido dictado en noviembre por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y ahora fue confirmado por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Los magistrados no descartaron de manera directa la posibilidad de que hubiera existido actividad de inteligencia ilegal, pero centraron su decisión en cuestionamientos vinculados con la evidencia digital incorporada al expediente. Entre otros puntos, señalaron problemas en la preservación de los discos, dudas sobre su pertenencia a la red informática oficial de la AFI y la posibilidad de que su contenido hubiera sido alterado.
También consideraron que no estaba documentado de manera suficiente el lugar exacto donde habían sido encontrados los dispositivos. A partir de esas objeciones, concluyeron que no existía una vía de investigación independiente que permitiera acreditar los hechos sin recurrir a los elementos digitales cuestionados.
La misma sala ya había intervenido anteriormente en otras investigaciones por presunto espionaje durante el gobierno de Macri, entre ellas las vinculadas con el Proyecto AMBA y el grupo conocido como Súper Mario Bros. También había sido cerrada una investigación relacionada con familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
En paralelo, Llorens y Bertuzzi confirmaron el sobreseimiento de Caputo en una causa iniciada a partir de información sobre sus vínculos con sociedades radicadas en el exterior. La investigación incluía acusaciones por presunta omisión en declaraciones juradas, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y lavado de activos.
El expediente cuestionaba que Caputo no hubiera declarado su participación en Princess International Group LTD, una sociedad constituida en las Islas Caimán que controlaba Noctua Partners. También se investigaban servicios facturados por Caputo a ese conglomerado durante el período en que ya ejercía funciones en el gobierno de Mauricio Macri y la emisión de bonos que habría beneficiado al grupo.
El juez Julián Ercolini había rechazado el pedido del fiscal Carlos Rívolo para indagar al funcionario. Ahora, la Cámara confirmó esa decisión y sostuvo que no estaba acreditada una conducta dolosa en perjuicio de la administración pública ni que la emisión de bonos hubiera buscado favorecer a un particular por encima del interés estatal. Los camaristas consideraron, además, que existían medidas probatorias que todavía podían realizarse.
Caputo también quedó alcanzado por la desestimación de otra denuncia, esta vez por presunto abuso de autoridad y relacionada con el decreto 478/2026. La Cámara entendió que el planteo no contaba con respaldo fiscal y que los cuestionamientos sobre esa norma debían tramitar ante el fuero contencioso administrativo federal.
Los movimientos se produjeron luego de la incorporación de Bertuzzi y Pablo Yadarola a la Cámara Federal. Bertuzzi había llegado al tribunal en 2018 durante el gobierno de Macri y posteriormente debió concursar nuevamente tras una decisión de la Corte Suprema. Finalmente, Javier Milei lo seleccionó para ocupar el cargo de camarista. Yadarola, en tanto, todavía no se había incorporado formalmente a la Cámara al momento de los hechos mencionados.
La renovación también tuvo impacto en la causa por la represión ocurrida el 6 de agosto, durante el debate de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Mariano Llorens resolvió que la investigación quedara a cargo del juzgado de Julián Ercolini y no del que encabeza María Servini. Entre los denunciados figura la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Monteoliva, por su parte, había presentado una denuncia a través de dos funcionarios para que se investigara a personas que participaron de la manifestación y se analizara si habían incurrido en conductas consideradas como posibles actos terroristas.
En las próximas semanas, además, la Cámara Federal deberá analizar un recurso contra el sobreseimiento de Gustavo Arribas y otros imputados en una investigación por presunto espionaje a periodistas y activistas durante las cumbres de la Organización Mundial del Comercio y del G20 realizadas durante el gobierno de Macri.
La reconfiguración del fuero federal se completa con nuevas designaciones en tribunales orales. Javier Milei nombró a Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco para integrar el Tribunal Oral Federal 6 y a Valeria Rico para el Tribunal Oral Federal 4.
