El pedido se conoce mientras avanza el proceso de renovación de los contratos del servicio público de higiene urbana, que tendrán una vigencia prevista entre 2028 y 2038. La discusión sobre las nuevas concesiones tendrá una audiencia pública el próximo 5 de octubre.
El planteo sindical apunta a modificar el momento en que se realizan las indemnizaciones. Según el esquema que se aplica desde 1998, cuando termina una concesión la empresa saliente desvincula al personal y abona las indemnizaciones correspondientes, mientras que la firma que asume el servicio vuelve a contratar a los mismos trabajadores.
Esta práctica, conocida como “Ley Moyano”, no está establecida formalmente por una norma legal y se mantiene como un mecanismo aplicado en el sector desde hace años.
El costo de las indemnizaciones representa uno de los principales puntos económicos de la discusión. Las estimaciones disponibles calculan que el pago correspondiente a unos 6.000 trabajadores podría representar entre 100 y 200 millones de dólares.
El reclamo se produce mientras se prepara la nueva licitación para el período 2028-2038. Por el momento, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no contempla incorporar en los nuevos pliegos el pago anticipado de esas indemnizaciones.
De concretarse el pedido, el desembolso se produciría antes de la finalización de las concesiones actuales, en lugar de efectuarse cuando concluya el período vigente.
