Javier Medina, un empresario de 31 años, ha acumulado un portafolio de 11 departamentos. Recientemente, expresó que la incertidumbre jurídica y el incremento del riesgo en el sector inmobiliario lo han llevado a desprenderse de parte de su patrimonio y a explorar alternativas fuera de este mercado. Medina inició su trayectoria en el sector inmobiliario con una inversión de 3500 euros y dos préstamos personales, y a lo largo del tiempo ha adquirido propiedades a bajo costo, reinvirtiendo hasta alcanzar su actual cantidad de inmuebles. Explicó que sus alquileres oscilan en torno a los 450 euros mensuales, aunque admitió: “Yo, por mí, lo alquilaría al doble, pero resulta que nadie lo paga”. El empresario señaló que las recientes regulaciones en España han influido en sus decisiones, indicando: “Estoy vendiendo alguna por la inseguridad, estoy empezando a diversificar, hay más riesgo de impago, más dificultad”. Agregó que “cada vez se ponen más trabas a los empresarios inmobiliarios y al final lo que hacemos nosotros es sacar el dinero de ahí y colocarlo en un sitio donde sea más seguro”. Asimismo, Medina criticó la injerencia del Estado en el mercado: “Es como si el Gobierno le dice a alguien que tiene dos panaderías que, si un cliente no te paga, hacete vos responsable”, ejemplificó. Otro factor que ha generado descontento entre los propietarios es la prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables, en vigor desde febrero y contenida en decretos que han sido objeto de rechazo. Medina advirtió que, con este tipo de normativas, “el Gobierno viene y me dice que pueden modificar no solo las condiciones de subida de precios de alquiler que había pactado ya con el inquilino, sino la propia duración del contrato”. Desde su perspectiva, estas políticas terminan perjudicando a los propietarios y disminuyendo la oferta de viviendas disponibles en alquiler, ya que muchos prefieren vender o buscar inversiones más seguras ante la creciente incertidumbre.
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