Impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el proyecto ya contaba con media sanción del Senado desde el 6 de agosto. Sin embargo, las modificaciones relacionadas con la venta de tierras a extranjeros obligan a que el texto regrese a la Cámara alta para su revisión antes de convertirse en ley.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es acelerar los procesos judiciales para recuperar inmuebles ocupados. El texto establece procedimientos sumarísimos y contempla la posibilidad de solicitar una desocupación inmediata mediante caución juratoria cuando el desalojo se origine en la falta de pago del alquiler o en la finalización del contrato.
En el caso de las viviendas, antes de iniciar una acción judicial por falta de pago, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino para que regularice la deuda. A partir de esa notificación, el ocupante contará con un plazo mínimo de 10 días para cancelar los montos adeudados. Si el incumplimiento continúa, el locador podrá iniciar el proceso de desalojo.
Según el proyecto, el trámite judicial deberá resolverse en un máximo de 10 días hábiles, con el objetivo de reducir los tiempos que actualmente pueden extenderse durante varios meses, según la jurisdicción y las particularidades de cada expediente.
La iniciativa también prevé sanciones para los propietarios que obtengan una desocupación inmediata ocultando información relevante. En esos casos, la multa podría alcanzar hasta diez veces el valor mensual del alquiler y sería destinada a la parte afectada.
En situaciones de vulnerabilidad, el texto contempla medidas específicas para hogares con menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores. Los jueces deberán notificar a los organismos correspondientes, entre ellos el Ministerio Público Tutelar, para procurar una solución habitacional transitoria por un período máximo de 10 días. Esta intervención no suspenderá el procedimiento judicial.
