El Ministerio de Economía abrió la inscripción para la segunda jornada de Negocios RIGI, prevista para el 2 de diciembre, en un lugar que todavía no fue confirmado. Esta nueva convocatoria estará centrada en los sectores de hidrocarburos y energía y reunirá a empresas compradoras con proveedores de distintas regiones del país.
La oportunidad económica es considerable. La industria metalmecánica argentina podría acceder a una demanda estimada en US$32.000 millones durante la próxima década. De ese total, unos US$16.400 millones corresponderían a bienes y servicios vinculados con Vaca Muerta y la actividad petrolera y gasífera, mientras que otros US$16.000 millones estarían relacionados con los proyectos de cobre y litio.
Las estimaciones fueron elaboradas a partir de un trabajo conjunto de entidades vinculadas con el desarrollo industrial y económico, que contó con la participación de una organización dedicada a la investigación y el análisis de políticas públicas.
El volumen de inversiones previsto permite dimensionar el mercado potencial para los fabricantes locales, aunque el aprovechamiento de esa demanda dependerá de su capacidad para cumplir con los requisitos de producción, calidad, precios y plazos que establecen las grandes compañías.
En el sector energético, los proyectos aprobados bajo el RIGI ya representan una demanda significativa. Actualmente hay 14 iniciativas autorizadas: 11 corresponden a petróleo y gas, con inversiones por US$49.000 millones, y otras tres están relacionadas con energía, por US$706 millones.
A ese conjunto se suman 13 proyectos que todavía permanecen en evaluación. De ellos, 11 pertenecen al sector de hidrocarburos y reúnen inversiones anunciadas por US$117.436 millones, mientras que los dos restantes corresponden a energía y suman otros US$458 millones.
El Gobierno sostiene que el 82% de las adjudicaciones concretadas hasta el momento por proyectos del RIGI quedó en manos de empresas locales. Sin embargo, la primera experiencia de vinculación comercial también permitió identificar las dificultades que enfrentan numerosas pymes para incorporarse a las cadenas de abastecimiento de las grandes operadoras.
La segunda jornada buscará reducir esa distancia entre la oferta y la demanda. Está prevista la participación de 60 empresas compradoras y más de 2.000 proveedoras de todo el país, que podrán presentar bienes, servicios, desarrollos tecnológicos y obras, además de participar en reuniones comerciales previamente coordinadas.
La convocatoria dará continuidad al primer encuentro, realizado el 29 de octubre en Rosario, que estuvo orientado a la minería, la industria y la infraestructura. Aquella jornada reunió a 4.500 personas pertenecientes a 1.800 empresas y permitió concretar alrededor de 3.300 reuniones comerciales y encuentros de vinculación.
Las compañías interesadas pueden inscribirse hasta el 16 de noviembre en tres modalidades: como proveedoras de bienes, servicios, tecnología u obras; como compradoras, categoría destinada a las principales empresas de petróleo, gas y energía; o como participantes de charlas, paneles y espacios de intercambio.
Quienes se registren únicamente para las actividades generales no podrán acceder a las reuniones comerciales con las empresas compradoras. La inscripción a las rondas de negocios no tiene costo, mientras que el plazo para anotarse en las actividades generales se extiende hasta el 30 de noviembre.
Uno de los principales obstáculos detectados en la experiencia de Rosario fue la dificultad de las pymes para responder a los volúmenes que demandan los grandes emprendimientos. Muchas compañías cuentan con capacidad técnica y experiencia, pero necesitan ampliar sus instalaciones, invertir en equipamiento o asociarse con otras firmas para alcanzar una escala de producción suficiente.
Las operadoras también exigen estándares específicos de calidad y cumplimiento de plazos. Frente a los proveedores extranjeros, las empresas argentinas pueden ofrecer ventajas vinculadas con la cercanía geográfica, la rapidez de respuesta y la posibilidad de adaptar los productos a necesidades particulares. El desafío consiste en conservar esas ventajas cuando aumenta el volumen de producción.
El proceso también abre posibilidades de reconversión industrial. Algunas empresas podrían adaptar sus líneas de fabricación para ingresar en nuevos segmentos de actividad. Por ejemplo, un fabricante de puertas de acero podría reconvertirse para producir zarandas vibratorias destinadas a la minería, mientras que una compañía especializada en válvulas de alivio podría desarrollar compresores de aire y gas.
La complementariedad entre los recursos naturales y la capacidad industrial nacional aparece como uno de los ejes de la estrategia oficial. Mientras los grandes proyectos se concentran en determinadas provincias, otras jurisdicciones cuentan con una estructura fabril que podría incorporarse como proveedora.
Santa Fe es uno de los ejemplos de ese esquema. Aunque no dispone de grandes yacimientos de cobre o litio ni de una formación hidrocarburífera como Vaca Muerta, posee una de las principales bases industriales del país y busca posicionarse como abastecedora de los emprendimientos que se desarrollan en otras regiones.
La provincia, sin embargo, atraviesa un escenario complejo para su industria. Desde el área de Desarrollo Industrial se advirtió sobre una caída de la actividad y la pérdida de aproximadamente 8.000 empleos fabriles durante los 30 meses anteriores.
A pesar de ese retroceso, más de 450 empresas santafesinas ya participan en las cadenas de proveedores de Vaca Muerta y la minería, tanto de manera directa como a través de los distintos niveles de subcontratación.
El universo representa una proporción reducida del total de industrias provinciales, estimado en unas 6.400 empresas. Sin embargo, esa inserción permite que algunas firmas encuentren oportunidades comerciales en sectores que mantienen importantes planes de inversión, incluso en un contexto de contracción industrial general.
La experiencia también dejó en evidencia que el acceso a nuevos contratos requiere cumplir con procesos de homologación, ampliar la escala productiva, conseguir financiamiento y sostener niveles de competitividad adecuados. Sin esas condiciones, la demanda potencial difícilmente pueda transformarse en negocios concretos.
El financiamiento aparece, precisamente, como otra de las principales dificultades. Durante la primera ronda de negocios se planteó que el crédito corporativo disponible en la Argentina durante 2026 alcanza los US$30.000 millones. Sin embargo, esa liquidez no llega necesariamente a las empresas más pequeñas, que suelen tener mayores dificultades para acceder a préstamos.
La proporción del crédito respecto del Producto Bruto Interno continúa siendo baja en comparación con otros países de la región. Esta limitación afecta especialmente a las pymes que necesitan realizar inversiones antes de comenzar a producir o que deben afrontar los costos de sus contratos antes de cobrar por los bienes y servicios entregados.
En ese contexto, las Sociedades de Garantía Recíproca cumplen un papel relevante para facilitar el acceso al sistema financiero. Los avales permiten que las empresas obtengan préstamos sin necesidad de inmovilizar activos y con mejores condiciones de plazo y tasas de interés.
La necesidad de capital de trabajo también llevó a analizar experiencias internacionales. Entre ellas se destacó un esquema aplicado en Brasil que permite adelantar fondos para la compra de materiales y el pago de salarios, hasta que las empresas reciben el dinero correspondiente a sus contratos.
Otro de los puntos que quedó planteado durante el encuentro fue la competencia con proveedores extranjeros, especialmente de China, Chile y Perú. Las compañías argentinas señalaron las dificultades que enfrentan para competir en determinadas condiciones de precio y financiamiento.
Por ese motivo, el Gobierno pretende que las rondas de negocios funcionen también como una herramienta para anticipar las necesidades de los grandes proyectos, identificar proveedores nacionales con capacidad de respuesta y detectar las brechas productivas que todavía deben resolver las pymes.
La iniciativa se desarrolla mientras el Ejecutivo busca ajustar los mecanismos vinculados con las exigencias de compra local dentro del RIGI. La intención es que una parte mayor de las inversiones previstas se traduzca en contratos para la industria argentina.
La segunda ronda, dedicada a petróleo, gas y energía, tendrá como punto de partida una cadena de abastecimiento que ya cuenta con cerca de 10.000 proveedores en todo el país. Según los datos oficiales, alrededor de ocho de cada diez son pequeñas y medianas empresas y el conjunto de la actividad genera unos 440.000 empleos directos e indirectos.
El desafío para el Gobierno será transformar el volumen de inversiones anunciado en oportunidades concretas para esas compañías, en un mercado donde la escala, la capacidad financiera y la competitividad serán condiciones centrales para acceder a los contratos.
