El alcance del episodio se explica por la dimensión que había adquirido la entidad. Ueno Bank contaba con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, una cifra equivalente al 60% de la población adulta. Era el quinto banco paraguayo por volumen de depósitos y el primero por cantidad de usuarios. Al cierre de 2025 concentraba el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos de un sistema compuesto por 16 bancos.
Además de las cuentas de particulares, administraba cerca de USD 850 millones correspondientes a organismos estatales, entre ellos el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de las jubilaciones y las prestaciones de salud. La magnitud de esos fondos explica por qué la intervención también afectó a instituciones públicas, empresas y otros actores del sistema financiero.
La entidad había comenzado a operar en 2021, cuando el Grupo Vázquez adquirió la Financiera El Comercio. El conglomerado ya controlaba Credicentro, otra firma del sector. La nueva marca nació con una propuesta centrada en una aplicación móvil y, después de obtener la autorización bancaria plena, comenzó a funcionar como banco en diciembre de 2023.
Su expansión se apoyó inicialmente en las carteras de las dos financieras y en la incorporación de cuentas de bajo costo que podían gestionarse desde el celular. En junio de 2024 dio otro paso importante al absorber Visión Banco. Esa operación le permitió sumar activos, pasivos y negocios de una entidad consolidada, y ampliar su oferta más allá de los pagos y los créditos de consumo, con cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones y servicios para empresas.
Incluso en marzo de 2026 había conseguido colocar bonos por USD 350 millones con vencimiento en 2031. Se trataba del único banco paraguayo con títulos negociados en mercados internacionales y la emisión obtuvo una tasa inferior al 7%, un indicador que no anticipaba dificultades inmediatas.
Las irregularidades comenzaron a quedar expuestas a partir de un sumario del Banco Central del Paraguay (BCP). El organismo identificó préstamos otorgados a empresas vinculadas con el Grupo Vázquez, controlador de la entidad. Según la investigación, esas operaciones incumplieron sus obligaciones y afectaron los indicadores de liquidez del banco. Por su peso dentro del sistema financiero, el regulador advirtió sobre la posibilidad de que los problemas se extendieran a otras instituciones.
Uno de los movimientos bajo investigación ocurrió en junio de 2026, cuando Ueno transfirió una cartera de créditos por USD 74,4 millones a Vinanzas SA, una empresa vinculada. La operación se concretó luego de que la Superintendencia de Bancos exigiera que la entidad se desprendiera de préstamos concedidos a compañías relacionadas con el grupo. Entre las acreencias figuraban las correspondientes al Grupo Hendy, el Grupo M y MOWI.
El Banco Central detectó indicios de que Vinanzas no contaba con recursos propios suficientes para afrontar el pago de esos créditos y que habría recibido financiamiento indirecto del propio Ueno. Para el Ministerio Público, ese mecanismo podría haber ocultado la situación patrimonial real del banco, ya que los préstamos habrían continuado financiados, en los hechos, por la misma institución que los había transferido.
El martes 3 de noviembre, el BCP dispuso la intervención y disolución de Ueno Bank después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa. La resolución ordenó el cierre de las operaciones, la suspensión de la aplicación móvil, las tarjetas y los demás servicios, y dejó los activos y pasivos bajo administración del regulador.
La medida impidió que los clientes ingresaran a sus cuentas y generó largas filas frente a las sucursales, además de protestas nocturnas en Asunción. También quedaron interrumpidos los pagos de los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), instrumentos equivalentes a colocaciones a plazo fijo. Entre los afectados se encuentran el IPS, el Ministerio de Economía, la Confederación Sudamericana de Fútbol, sociedades de Bolsa, empresas y cajas de jubilaciones.
La dimensión política del caso está atravesada por los antecedentes de dos de sus principales protagonistas. Santiago Peña había sido accionista de Ueno Bank hasta marzo de 2025. Por su parte, Carlos Carvallo presidió la entidad hasta julio de 2023, cuando dejó ese cargo para asumir al frente del Banco Central. De esa manera, pasó de conducir el banco a encabezar el organismo responsable de supervisarlo.
Tras conocerse la intervención, Peña pidió la renuncia de Carvallo y designó en su lugar a Raúl Vera Bogado, economista y exministro de Industria que ya había conducido el Banco Central entre 2001 y 2002. También nombró a dos nuevos integrantes del directorio. La designación de Vera Bogado deberá ser ratificada por el Senado.
En paralelo, la investigación penal avanzó sobre los responsables de la entidad y empresas relacionadas. La Fiscalía imputó a 27 personas: ocho directivos de Ueno Bank y otras 19 vinculadas con las compañías investigadas. Los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera sostienen que durante 2025 y 2026 se otorgaron préstamos y sobregiros a firmas del mismo grupo económico sin aplicar los criterios habituales de evaluación del riesgo crediticio.
Las imputaciones contemplan los delitos de conducta indebida en situación de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de las normas sobre llevanza de libros de comercio.
Miguel Vásquez, principal accionista y uno de los fundadores del banco, se presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción junto con otros siete directivos. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para los demás. Los directivos fueron trasladados esposados, con el rostro cubierto y chalecos antibalas, mientras un grupo de manifestantes los increpaba frente a la sede fiscal.
La devolución de los depósitos se convirtió en otra de las urgencias. En un primer momento, el Banco Central anunció que los ahorristas podrían cobrar hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos USD 1.675. Posteriormente, el Congreso aprobó de manera urgente una ley de emergencia que fue promulgada por Peña el miércoles de esta semana.
La norma habilita un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y establece un límite de hasta 40 salarios mínimos mensuales por depositante. Ese monto equivale a 121,7 millones de guaraníes, alrededor de USD 19.787. El Banco Central deberá organizar los pagos dentro de las 24 horas y, como plazo máximo, en los cinco días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
En medio de la incertidumbre, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), que reúne a los 14 bancos privados del país, incluido Ueno, aseguró que el resto del sistema financiero continúa funcionando con normalidad.
Las consecuencias también llegaron a la Argentina, donde una empresa tecnológica vinculada al grupo tiene una plantilla superior a los 900 trabajadores. Se trata de Kaitel SRL Sucursal Argentina, parte de ITTI, compañía que brinda servicios tecnológicos a unas 40 empresas del conglomerado relacionado con Ueno Bank.
Una parte de los empleados recibió una notificación de suspensión sin goce de haberes entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026. En el correo enviado al personal, la compañía atribuyó la decisión al procedimiento de resolución e intervención de Ueno Bank dispuesto por el Banco Central paraguayo el 3 de noviembre. Según la comunicación, la medida afectó los mecanismos de financiamiento y provocó una paralización temporal de las actividades.
Durante ese período, la relación laboral continuará vigente. Los trabajadores deberán reincorporarse el 5 de diciembre, salvo que reciban una nueva notificación, mientras que la empresa mantendrá la cobertura de medicina prepaga.
Empleados de la firma señalaron que todavía no se habían acreditado los salarios en sus cuentas locales en pesos ni los pagos de un adicional que se realizaba a través de la plataforma Deel. En Paraguay, según los testimonios, los trabajadores llegaron a cobrar, pero pudieron disponer del dinero durante apenas tres horas antes de que las cuentas quedaran bloqueadas. La compañía no informó cuántas personas fueron suspendidas ni cuándo regularizará los sueldos pendientes.
El impacto institucional se profundizó el miércoles, cuando diputados opositores y legisladores disidentes del oficialismo presentaron un pedido de juicio político contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana. La iniciativa, basada en el artículo 225 de la Constitución, reunió 35 firmas y solicitó convocar a una sesión extraordinaria para el jueves.
En ese contexto, Peña anunció su renuncia mediante un video difundido en una red social. Sin embargo, el Congreso no aceptó la decisión: diputados y senadores del Partido Colorado se retiraron durante la votación y la sesión quedó sin quórum. Frente a las versiones sobre su paradero, el Gobierno confirmó que el mandatario permanece en Paraguay.
