Por su parte, el excapitán de navío Claudio Villamide reiteró que, según la normativa naval, “es el comandante del buque el que está en ese momento y es el responsable absoluto de la seguridad” del navío.
Con un tono decisivo, ambos ex jefes navales fueron los únicos de los cuatro imputados que aprovecharon la última oportunidad para defender su actuación en el proceso judicial que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, el cual investiga las responsabilidades y causas del naufragio del submarino.
López Mazzeo, quien se desempeñó como comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), enfrenta acusaciones por permitir que el submarino participara en su última misión a pesar de conocer deficiencias críticas en su mantenimiento. Desde su puesto en la Base Naval Puerto Belgrano, era la máxima autoridad encargada de la preparación, alistamiento y disponibilidad operativa de los medios navales de la fuerza.
“Voy a hacer esta declaración ampliatoria para aclarar algunos puntos y refutar acusaciones que se me han hecho a lo largo de este proceso que no existían antes de comenzar”, declaró López Mazzeo al inicio de su intervención. Visiblemente molesto, se dirigió al cuerpo del Ministerio Público Fiscal, acusando que lo habían calificado de “pérfido” durante el juicio.
El exjefe naval desglosó el Plan de Operaciones de los buques bajo su responsabilidad, desplegados para la Tercera Etapa de Mar de 2017, misión que implicó la participación de las fuerzas militares en Ushuaia. Tras esa operación, el ARA San Juan se hundió. Explicó que recibían informes diarios sobre la ubicación exacta de cada buque. “Realmente me sentí muy ofendido, que me hayan tratado de pérfido, de ocultar y mentir información, cuando estaba escrita. La verdad, me sentí muy ofendido”, puntualizó.
Desde el equipo del Ministerio Público Fiscal, fuentes consultadas negaron que en cualquier momento del juicio se hubiera hecho referencia en esos términos al ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada.
El ex capitán Villamide, quien lideró la Fuerza de Submarinos (COFS), uno de los componentes del COAA, también defendió enfáticamente su papel al frente de la unidad. Fue el único de los cuatro militares procesados que fue destituido de la fuerza por un tribunal militar.
Villamide argumentó que su destitución se debió a no haber insistido lo suficiente con el capitán Fernández sobre la conveniencia de permanecer en la superficie durante la última comunicación, además de no haber convocado al Estado Mayor y por estar procesado en esta causa.
Criticó que se estén juzgando decisiones tomadas bajo presión y en tiempo real, insistiendo en que la normativa es clara: el comandante es responsable absoluto de la seguridad de su nave, y ordenarle algo desde el exterior, en aquellos momentos, no solo era cuestionable, sino potencialmente peligroso. “Mal podía yo darle una orden (al comandante Martín Fernández) que pudiera generarle otra variable que le generara más presión, que pudiera condicionar la mejor decisión que él debía tomar para su buque en ese momento”, afirmó.
Tras dos horas de declaraciones, Villamide concluyó: “No somos descriteriados, no somos temerarios, somos profesionales; todos, desde el cabo más moderno hasta el comandante, sabemos lo que hacemos, somos orgullosos de nuestro trabajo, hemos sido siempre una fuerza de elite y no nos tomamos el tema de la seguridad a la ligera”.
Héctor Aníbal Alonso, capitán de navío y exjefe del Estado Mayor del COFS, amplió su declaración indagatoria por escrito, mientras que Hugo Miguel Correa, capitán de fragata y exjefe del Departamento de Operaciones de la misma unidad, optó por no declarar.
Mañana se espera la declaración de 14 familias de los marinos fallecidos en el ARA San Juan, quienes son querellantes en la causa, lo que marcará el fin de esta etapa de audiencias antes de los alegatos.
