Los primeros indicios de estos casos se han ocurrido en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Hasta el momento, al menos siete profesionales han sido involucrados, entre los que se incluye un cardiólogo que prestaba servicios en Rosario y que fue objeto de un allanamiento por parte de las autoridades.
Se ha identificado un patrón sistemático en todos los expedientes revisados: las prestaciones facturadas sobrepasan considerablemente el número máximo de consultas que cada médico puede realizar según las horas de atención que él mismo registró en el sistema del organismo. Cuando se detecta una discrepancia considerable, el INSSJP puede aplicar deducciones o retenciones preventivas de pagos y, en los casos más severos, proceder a rescindir contratos y presentar denuncias penales.
Uno de los casos más alarmantes involucra a un cardiólogo de Acebal, provincia de Santa Fe, quien fue allanado por la Policía Federal Argentina (PFA) el jueves. El médico en cuestión, M. G. A., afirmó haber atendido a más de 5000 afiliados y realizado más de 50.000 estudios médicos entre 2023 y 2025, lo que resulta sospechoso dado que muchos de esos pacientes residen en otras provincias. La estimación del fraude ascendería a aproximadamente $700.000.000, de los cuales se han liquidado cerca de $580.000.000 al cardiólogo.
La investigación judicial ha indicado que este profesional “registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes a diario, incluyendo tanto la consulta inicial como diversas pruebas diagnósticas (electrocardiogramas, holter, etc.)”. Los allanamientos, que abarcaron tanto los consultorios como el domicilio del médico, fueron autorizados por el juez Carlos Vera Barros a solicitud de los fiscales Andrés Montefeltro y Virginia Sosa. La causa es liderada por la Oficina de Criminalidad Económica, bajo la dirección del fiscal general interino Javier Arzubi Calvo, en coordinación con otros fiscales de la Unidad Fiscal Rosario. La pesquisa se inició tras detectar un grupo de afiliados que desconocían haber recibido consultas y servicios que supuestamente les había proporcionado el médico.
Los auditorías revisaron todos los casos bajo un mismo criterio: determinar el número máximo de consultas que un profesional puede realizar según las horas de atención que él mismo reportó, y comparar ese dato con las prestaciones que realmente facturó. Los informes recolectados incluyen varias observaciones: en la primera auditoría sobre este cardiólogo, realizada en enero de 2025, se constató que 10 afiliados con órdenes médicas electrónicas (OME) a su nombre negaron haber sido atendidos por él.
También se documentaron prácticas facturadas en julio de 2024 a pacientes captados en otras jurisdicciones, y se evidencia la emisión de órdenes médicas electrónicas a nombre de personas fallecidas. Por ejemplo, se registraron órdenes en noviembre de 2024 a nombre de un afiliado que había sido dado de baja por deceso el 8 de noviembre de ese mismo año.
Las auditorías arrojaron más inconsistencias que derivaron en la aplicación de débitos en las liquidaciones del período. Las verificaciones contrastaron las horas de atención declaradas por los profesionales con la cantidad de consultas facturadas, lo que identificó irregularidades que requirieron la implementación de sanciones.
Una de las decisiones más significativas fue la retención preventiva de pagos, sin proceder con las liquidaciones correspondientes, mientras se avanza en las indagaciones. Esto afectó a prestaciones en tres agencias: Lanús, San Justo y Quilmes, con pagos suspendidos hasta la finalización de las auditorías.
Los casos mencionados son parte de un control más amplio que se lleva a cabo en el PAMI desde la llegada de Leguízamo. Según informes del INSSJP, en mayo de 2026 se dieron de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por cobros indebidos y facturación de actividades inexistentes. Desde la obra social se aseguró que estas acciones no interrumpirían los tratamientos de los afiliados.
En noviembre de 2025, el INSSJP había presentado una denuncia ante la Justicia federal sobre un esquema de estafa que involucraba miles de millones de pesos, utilizando órdenes médicas electrónicas falsas y facturaciones sin respaldo, lo que desencadenó al menos seis causas penales. En febrero pasado, auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones exagerados, incluyendo un caso donde un proveedor declaró 283 prácticas en 95 pacientes en solo cinco horas, y otro que mostró 689 órdenes médicas electrónicas en un día, requerirían entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Desde el Instituto se aclaró que “auditar no significa perseguir”, y reafirmaron que las bajas no interrumpen el acceso a tratamientos para los afiliados. Dentro de este marco de revisión se encuentra Sanarte S.R.L., un polispecialidad en Tucumán, que presentó faltas administrativas y normativas en su operación, como la falta de habilitación municipal y demoras de hasta 21 días para turnos en cardiología y otras especialidades, afectando directamente a los jubilados.
El segundo caso se tramita bajo el expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP, relacionado con un médico de Chaco, que ante las auditorías no logró revertir las observaciones sobre deficiencias en su documentación clínica y inconsistencias en las prestaciones, lo que llevó a la implementación de sanciones administrativas y a la rescisión de su contrato.
