Fuentes judiciales indicaron que el fiscal federal Ramiro González solicitó el archivo de la denuncia, argumentando que la licitación “se encuentra aún en una etapa preliminar del procedimiento”, lo que implica que los hechos “no exhiben, al menos de momento, indicios que permitan sostener la existencia de una conducta penalmente relevante”.
El dictamen del fiscal fue presentado ante el juez federal Sebastián Ramos, quien debe cerrar el caso debido a la falta del requisito necesario de impulso de la denuncia.
La denuncia inicial fue elevada por la diputada nacional Marcela Pagano, ex miembro de La Libertad Avanza. En su presentación, sostuvo que en la licitación se cometieron irregularidades al participar dos empresas, “La Mantovana de Servicios Generales SA” y “Grub SA”, que pertenecen a una misma sociedad, “Grupo Buena Vista SA”, lo que suscribía la falta de competencia.
Pagano solicitó una investigación sobre Karina Milei y otros funcionarios por presuntos delitos de fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y por el incumplimiento de deberes de funcionario público.
La licitación pública N.º 23-0005-LPU26 está destinada al mantenimiento integral preventivo, correctivo y de riego de los espacios verdes de la Casa Rosada y la quinta presidencial durante un periodo de 12 meses, con posibilidad de prórroga.
Antes de proceder con una investigación penal formal, el fiscal González requirió diversas medidas de prueba. La Fiscalía recopiló todos los antecedentes relacionados con la licitación para verificar el estado del expediente.
En este proceso, se constató que las dos empresas mencionadas se habían presentado, pero según trascendió, un total de nueve compañías habían participado en la licitación. “La Mantovana” presentó una oferta de 769.200.000 pesos, mientras que Grub SA ofertó 690.000.000.
La Fiscalía concluyó que la licitación se encuentra en trámite y bajo análisis de la Comisión Evaluadora, según lo que establece la normativa, y que aún hay instancias de control por completar. “No existe, a la fecha, dictamen de evaluación, recomendación de adjudicación ni adjudicación alguna dispuesta por la autoridad competente”, alegó González.
Con respecto a la pertenencia de las dos empresas al mismo grupo, el fiscal argumentó que esto por sí mismo “no constituye una irregularidad ni permite inferir la existencia de una conducta delictiva”, dado que el decreto que regula la licitación establece que ninguna oferta puede ser desestimada en el acto de apertura, y cualquier observación debe ser analizada posteriormente por las autoridades competentes.
“Por lo tanto, incluso si en el futuro se toma una decisión sobre la adjudicación que algún interesado considere improcedente, el ordenamiento prevé vías administrativas adecuadas para su revisión, lo que subraya la prematurez de los cuestionamientos y la falta de elementos concretos que den relevancia penal a los hechos denunciados”, concluyó el fiscal al desestimar la denuncia.
La diputada Pagano amplió en dos oportunidades su denuncia original, mencionando la existencia de posibles vínculos familiares entre funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia y las personas asociadas a las empresas licitantes.
El fiscal, sin embargo, señaló que estos son “hechos y decisiones administrativas distintas” a la licitación, sugiriendo que si el juez Ramos lo considera, se podría abrir una nueva causa penal.
