El RIGI, establecido por la Ley 27.742 en 2024, promete estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria a los proyectos que se incorporen, y lo hace por un periodo de 30 años. Esto ha equiparado la carga impositiva de Argentina con la de países como Chile y Perú, que tradicionalmente han sido los mayores receptores de inversión en minería en la región. A la par, se ha buscado un orden macroeconómico que ofrezca un tipo de cambio más predecible y reglas claras para la repatriación de utilidades.
Un aspecto fundamental para las casas matrices de las empresas mineras que tienen sede en Toronto, Londres, Australia o Beijing es el precio de los metales. El cobre ha mantenido valores superiores a 6 dólares la libra durante periodos prolongados, lo cual, sumado a la estabilidad del RIGI, transforma la competitividad de Argentina, abriendo una ventana de oportunidades inusualmente amplia.
El proyecto más destacado en curso es Vicuña, una alianza entre la australiana BHP, la mayor minera del mundo, y la canadiense Lundin Mining, que ecoge los yacimientos Josemaría y Filo del Sol en la precordillera sanjuanina. Con una inversión proyectada de 18.000 millones de dólares, este es el proyecto privado más importante del sector. Recientemente, obtuvo la aprobación del RIGI para una primera fase, que requerirá desembolsar 9.712 millones de dólares. Esta aprobación convierte una intención en un compromiso formal con respaldo legal.
En San Juan, también se destaca el proyecto Los Azules, de la canadiense McEwen Mining Inc, orientado a la producción de cobre catódico. Este, con un RIGI autorizado de 2.672 millones de dólares, es parte de una inversión total estimada en 4.000 millones de dólares, y cuenta con socios como Rio Tinto y Stellantis.
Otro gran proyecto en espera es El Pachón, de la minera anglo-suiza Glencore, que ha solicitado su inclusión al RIGI con un compromiso de inversión de 11.600 millones de dólares. Además, se suma la expansión de la mina Gualcamayo del grupo AISA, que cuenta con un respaldo aprobado de 665 millones de dólares, así como la ampliación de Veladero, operada por Barrick junto con la china Shandong Gold, que ingresó al régimen con un compromiso de inversión de 380 millones de dólares. En conjunto, estos proyectos superan los 32.000 millones de dólares en inversión minera solo en San Juan.
Salta, por su parte, posee una rica variedad de minerales. La empresa anglo-australiana Rio Tinto, que adquirió Arcadium Lithium en 2025 por 6.500 millones de dólares, se ha convertido en el mayor productor de litio del país y avanza en el Proyecto Rincón, que ya cuenta con su RIGI aprobado por 2.744 millones de dólares, con la meta de producir 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio a partir de 2028.
En cobre, la mayor apuesta es Taca Taca, de la canadiense First Quantum, que solicitó su adhesión al RIGI a principios de año por una inversión de 5.250 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos más grandes en Sudamérica. Abrasilver, otra empresa canadiense, cuenta con un RIGI aprobado para su proyecto Diablillos, que se ubica en la frontera con Catamarca, por 764 millones de dólares.
Salta también cuenta con otros importantes proyectos de litio: Posco, una empresa siderúrgica surcoreana, tiene aprobado su RIGI para Sal de Oro, por 845 millones de dólares. En tanto, Ganfeng Lithium, uno de los líderes mundiales del metal, presentó su solicitud para Pozuelos Pastos Grandes con un compromiso de 3.000 millones de dólares, proyectando una producción de 150.000 toneladas anuales.
En Catamarca, Rio Tinto tiene dos proyectos, Fénix y Sal de Vida, que suman casi 800 millones de dólares en inversiones. Además, alberga parte del proyecto de Glencore dado que solicita su RIGI para Agua Rica (o Proyecto MARA, que se asocia con Alumbrera) por 6.699 millones de dólares relacionados con cobre, molibdeno y oro. La aprobación de este último podría marcar un hito en los compromisos de inversión.
La provincia también cuenta con el proyecto Hombre Muerto Oeste de Galán Lithium, aprobado en julio de 2025, por 292 millones de dólares, un emprendimiento más pequeño comparado con los de Rio Tinto o Glencore, pero que contribuye al posicionamiento de Catamarca como un nodo minero relevante.
Jujuy, aunque con un solo proyecto en el RIGI, no es menos significativo. Exar, controlada por Ganfeng y Lithium Argentina, tiene aprobada la ampliación de Caucharí Olaroz con una inversión de 1.241 millones de dólares, destinada a incrementar la producción de carbonato de litio en 38.000 toneladas anuales. Este proyecto ya se encuentra en producción.
Mendoza, históricamente reticente a la minería, ha sumado su primer proyecto bajo el RIGI: San Jorge, en Uspallata, con una inversión de 891 millones de dólares para la explotación de cobre y oro, desarrollado por la suiza Zonda Metals junto al Grupo Alberdi, de capitales argentinos. Se proyecta que la construcción inicie en junio de 2027 y la operación comercial arranque en enero de 2029.
Entre 1990 y 2003, Chile logró triplicar su producción de cobre, pasando de 1,6 millones a más de 4,5 millones de toneladas anuales. En 2006, sus exportaciones de cobre alcanzaron un pico de 33.300 millones de dólares, y en 2025 sumaron 52.997 millones. Este crecimiento se cimentó en décadas de estabilidad impulsadas por leyes y normativas que favorecieron la inversión minera. Argentina aspira a replicar este modelo en un periodo mucho más corto, aunque los requisitos de infraestructura siguen siendo un gran desafío. Las provincias involucradas carecen de la energía, rutas y ferrocarriles necesarios para una minería de gran escala, lo que requiere negociaciones específicas entre los inversores y las provincias.
Un caso particular es San Juan, que dispone de un único cable de alta tensión, la línea Nueva San Juan-Rodeo, que se encuentra actualmente en 132 kV y ha obtenido autorización del ENRE para elevarse a 500 kV, con prioridad de acceso para Vicuña, según la Resolución 79/2026. Esta línea será vital para abastecer los 260 megavatios que requerirá la primera etapa de Josemaría.
Sin embargo, esta decisión ha generado la oposición de Los Azules, que ha presentado una queja al ENRE en contra de este régimen de prioridad. Esto ha suscitado disputas con otras mineras y actores locales, no solo por el recurso, sino por el acceso a la energía necesaria para explotarlo.
Otro desafío radica en la cadena de proveedores. El RIGI estipula que las compras locales pueden representar hasta el 20% del total, aunque las provincias tienen sus requisitos que pueden ser más exigentes, algo que podría causar conflictos al momento de llevar a cabo los proyectos. Además, el régimen permite la importación de insumos clave sin arancel y pagarlos en dólares, un beneficio para los inversores que podría limitar el desarrollo de la industria local.
El tercer desafío se refiere a la disponibilidad de mano de obra especializada. Los perfiles técnicos requeridos por la minería a gran escala son escasos; no obstante, Argentina cuenta con una ventaja frente a Chile, ya que posee una base de contratistas formados en los sectores de petróleo y gas, especialmente en Neuquén y el Golfo San Jorge, con experiencia en logística y mantenimiento.
Para muchos en el país, la minería es vista como una actividad distante, cuyos beneficios aún no se perciben. Sin embargo, Argentina necesita generar divisas a través de exportaciones, y el cobre y el litio son minerales de gran demanda en el siglo XXI, fundamentales para la transición energética global, al ser utilizados en cables, baterías y motores eléctricos. Las empresas que fabrican vehículos eléctricos están buscando estos minerales en el país. Cada tonelada exportada ayuda a aliviar la restricción de divisas, un hecho que, de diversas formas, impacta en los precios de todos los productos importados.
Desde un punto de vista territorial, las poblaciones de San Juan, Salta y Catamarca son reducidas: 818.000, 1,4 millones y 430.000 habitantes respectivamente. En estas zonas no hay actividades económicas a gran escala, y la minería no desplaza industrias existentes, sino que ofrece oportunidades en espacios donde no hay alternativas.
Mientras los grandes proyectos de cobre avanzan hacia 2032, el ecosistema de proveedores que debería respaldarlos sigue creciendo, aunque sin un orden claro. La discusión sobre el desarrollo de leyes provinciales que promuevan la compra local, en contraposición al 20% establecido por el RIGI, ya ha comenzado a tomar forma.
En un encuentro sobre “La competitividad de la cadena de valor minera argentina”, promovido por legisladores catamarqueños, se planteó que el RIGI permite hasta un 20% de compras locales, pero las provincias tienen exigencias que superan esa proporción.
En Santa Cruz, por ejemplo, que se posiciona como la principal exportadora de minerales, se alcanza hasta un 90% de contratación de personal local. La UIA trasladó un claro mensaje a los legisladores: es imprescindible encontrar un equilibrio. Aún no se ha definido quién debería llevar adelante esta tarea.
Esta tensión entre el gobierno nacional y las provincias se complementa con otra interna: el enredo del sector de proveedores mineros. San Juan cuenta con más de 25 cámaras de proveedores, cada una con su propia agenda y representatividad. Mientras estas organizaciones debaten sobre cómo colaborar, los proyectos se están desarrollando sin esperar por su coordinación.
La reciente adjudicación de parte del campamento del proyecto Vicuña a un consorcio que incluye a la china PowerChina, Beijing Chengdong y la empresa santafesina RAFA S.A., volvió a abrir el debate sobre cuánto de la inversión minera realmente se queda en el país.
FAPROMIN, la federación que engloba las cámaras de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, ha calificado esta decisión como “un mazazo para los intereses de los argentinos”, mientras que la Cámara Argentina de Proveedores Mineros trabaja en un proyecto para presentar al gobierno nacional, buscando un RIGI adaptado a la cadena de valor minera que apoye al sector productivo del país.
