Ayer, los aliados habituales del oficialismo decidieron no asistir para dar quórum, en el marco de un acuerdo con Martín Menem, quien permitió el inicio del debate en comisión sobre los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete. Según trascendió, la negociación contempló que estos aliados se comprometieran a respaldar la agenda del oficialismo, tal como lo hicieron durante la discusión de los proyectos en comisión.
El Super RIGI tiene como finalidad estimular inversiones superiores a USD 1.000 millones en lo que se conoce como “industrias del futuro”. Esta categoría abarca un amplio espectro que va desde la producción de baterías de litio y vehículos eléctricos, hasta desarrollos en Inteligencia Artificial, centros de datos, paneles solares, turbinas eólicas y proyectos relacionados con la cadena de valor del uranio.
Entre sus principales puntos, se incluyen incentivos fiscales y aduaneros, como una tasa especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una tasa reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
Además, se asegura un arancel cero para importaciones y 0% de retenciones en exportaciones; se establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas, y se prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas. Al igual que el RIGI, el nuevo régimen garantiza una estabilidad regulatoria de 30 años.
La bancada libertaria se muestra optimista respecto a contar con los votos necesarios para lograr el quórum y la aprobación de ambos proyectos. Durante el debate en comisión, el oficialismo contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz y Producción y Trabajo (San Juan), lo que les aseguraría al menos 130 votos.
Para facilitar la obtención del dictamen, el oficialismo accedió a algunas concesiones. A solicitud de los bloques aliados, se incluyó una cláusula que establece que las inversiones en I+D asociadas al proyecto se contabilizan por el doble de su valor al calcular el monto mínimo de inversión requerido. Sin embargo, esta valoración no debe superar el 20% del monto mínimo establecido, con el excedente contabilizándose a valor nominal.
Asimismo, se exigirá que los proyectos de inversión presenten un plan para el desarrollo de proveedores locales, comprometiendo al menos el 20% del total de adquisiciones de bienes y servicios durante la implementación del proyecto, siempre que “la oferta de proveedores locales esté disponible y cumpla con condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
También se requerirá que los proyectos cuenten con un informe técnico que asegure que no perjudican la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura de la zona de influencia, evaluando su impacto ambiental y social.
Por otro lado, otro tema de gran relevancia para el Gobierno será la autorización para llevar a cabo un plan de pago a dos holdouts que poseen títulos de la deuda defaulteada del 2001. Esta iniciativa, que fue aprobada en el Senado con 40 votos a favor frente a 22 en contra, debe ser ratificada antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el acuerdo.
Este acuerdo de conciliación alcanzado en la Justicia estadounidense, que incluye una quita del 30% en las sumas adeudadas, estipula que el Estado argentino deberá abonar USD 67 millones a la firma “Bainbridge Ltd.” y USD 104 millones al grupo de holdouts liderado por “Attestor Value Master Fund LP.”, totalizando USD 171 millones.
Ambos fondos pertenecen al grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no aceptaron los canjes de deuda realizados tras la declaración del default a fines de 2001. La aprobación parlamentaria del acuerdo permitirá cancelar las medidas de embargo que pesaban en los Estados Unidos sobre activos soberanos del país, incluyendo acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
La sesión de este miércoles tendrá una particularidad adicional: será la última del diputado pampeano Adrián Ravier, quien fue designado como nuevo vocero presidencial tras el escándalo vinculado a Manuel Adorni. En el oficialismo estaban evaluando diferentes opciones, ya que si Ravier renunciara antes de la sesión, no podría contribuir al quórum, y aseguran que “los números están muy justos”. Por consiguiente, no descartan que el flamante vocero permanezca como diputado hasta la aprobación de todos los proyectos en discusión.
