La demanda contra la jueza civil y comercial Cynthia Liliana Fernández Paz cuenta con el respaldo del gobernador Claudio Poggi, quien la acusó de haber emitido “una regulación estrafalaria, desmedida y grotesca de honorarios contra el Estado Provincial”.
La controversia surge a raíz de una demanda iniciada por la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani, un bosque en la localidad de Juana Koslay. En 2023, el gobierno del peronista Alberto Rodríguez Saá había otorgado el proyecto del Parque Acueducto Vulpiani a la empresa Serving SRL, para edificar en un terreno de 12 hectáreas que incluiría edificios, un anfiteatro, senderos, miradores y plazas, con una inversión cercana a los 1.800.000.000 pesos.
Sin embargo, este ambicioso proyecto nunca fue implementado, y el juzgado civil, comercial y ambiental 5 de la Primera Circunscripción Judicial, bajo la dirección de Fernández Paz, aprobó en marzo pasado la regulación de honorarios de los abogados Gustavo Alfredo Quiroga e Ivana Romina Muzevich, quienes representaron la causa contra el gobierno provincial, eligiendo un altísimo valor del JUS para el cálculo.
Este cálculo, que ha sido rechazado, ascendió a 93.000 JUS, lo que equivaldría a más de 3.900.000.000 pesos. En consecuencia, los honorarios totales para los abogados alcanzarían 1.198.961.208 pesos a ser pagados por el estado, con un reparto de montos en distintos porcentajes asignados a los letrados, quienes sólo trabajaron en la primera parte del proceso antes de presentar su renuncia.
El gobernador Poggi enfatizó que la jueza Fernández Paz dispuso “una suma superior a los $1.000 millones por el daño ambiental que podría haberse generado por una obra pública, que en realidad nunca se realizó y, por lo tanto, no causó ningún daño ambiental” en la zona del Parque Acueducto Vulpiani.
“Cuando un funcionario público, en este caso una jueza, atenta contra el bienestar de todos los sanluiseños, desviando fondos públicos con acciones que comprometen el patrimonio de los contribuyentes y la adecuada prestación de los servicios del Estado, debe ser denunciado y enjuiciado dentro del marco del estado de derecho”, advirtió el mandatario.
A través de un mensaje divulgado en sus redes sociales, subrayó que la jueza “ha deshonrado su cargo y el jurado de enjuiciamiento debe actuar con la máxima celeridad posible”.
En la presentación realizada por la fiscal de Estado, María Fabiana Zárate, se solicitó al jurado de enjuiciamiento de magistrados que suspenda preventivamente a la jueza y se destacó que en la provincia se está “convencido de que el trabajo de los profesionales debe ser compensado, pero siempre dentro de los límites de la ley y bajo criterios objetivos y razonables, algo que aquí no ocurrió”.
Zárate argumentó que la medida que se solicita se basa en la gravedad de las conductas denunciadas, las cuales encuadran en causales de destitución por “desconocimiento inexcusable y grave del derecho así como por irregularidades significativas en el procedimiento que deslegitiman al Poder Judicial”.
En su extenso pedido, Zárate exige la “remoción de su cargo” por faltas a las leyes vigentes y su “desconocimiento del derecho, incumplimiento de sus deberes y procedimientos que han llevado al desprestigio del Poder Judicial”.
Por otro lado, añadió que la decisión de la jueza ha generado “un perjuicio social de dimensiones sistémicas” y comparó el costo de los honorarios con la adquisición de 39 patrulleros, 18 viviendas, 1.651 chalecos antibalas, 2.173 sillas de ruedas, 809 camas ortopédicas, 69 respiradores artificiales o 10 ambulancias, resaltando la magnitud de la regulación.
