La oficialización de esta decisión se realizó a través del decreto 584, que fue publicado en el Boletín Oficial el lunes. Así, Córdoba se une a las 15 provincias que, en lo que va de 2026, también han solicitado adelantos de fondos.
El decreto señala que esta decisión fue tomada en respuesta a la campaña de la administración cordobesa frente a “dificultades financieras transitorias” para cubrir sus compromisos presupuestarios y los pagos de deuda.
Dentro de los fundamentos del decreto, se destaca que el objetivo es ofrecer “soluciones inmediatas ante problemas transitorios de liquidez” en las provincias.
Asimismo, se estableció que el monto final que recibirá Córdoba será determinado por la Secretaría de Hacienda, que analizará la capacidad de repago de la provincia y su participación en el régimen de coparticipación federal.
Se especificó también que los fondos anticipados deberán ser reembolsados antes de finalizar el año. Esta operación tiene una tasa de interés nominal anual fijada en el 15%, la cual se aplicará desde el desembolso hasta que la provincia realice el pago correspondiente.
El reembolso, que debe llevarse a cabo durante el ejercicio fiscal de 2026, se realizará mediante retenciones automáticas sobre los recursos de coparticipación que Córdoba recibe del Tesoro nacional.
Con el decreto 584, Córdoba accede a un anticipo de coparticipación por un total de hasta $400.000 millones, sumándose a otras 15 jurisdicciones que previamente habían solicitado este mecanismo para cumplir con sus diferentes obligaciones.
A comienzos de abril, el Gobierno ya había formalizado el esquema de anticipos para provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
En junio, se incluyó a Santa Fe y Jujuy al esquema, y Entre Ríos había sido incorporada a este sistema en enero.
El uso de anticipos de coparticipación no es un recurso novedoso. Históricamente, las provincias han utilizado este tipo de asistencia para equilibrar sus cuentas en períodos de tensión financiera. No obstante, la diferencia radica en que el Gobierno pretende sistematizar este mecanismo y establecer un límite global.
Además, el Gobierno ha reducido las transferencias no automáticas a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. En junio, estas transferencias cayeron un 87,7% en términos interanuales, alcanzando un total de $48.300 millones, marcando el nivel más bajo para ese mes desde 2005.
En el acumulado del primer semestre, las transferencias también mostraron una disminución en comparación al mismo período de 2025, totalizando $639.589 millones, lo que representa un descenso interanual real del 61,8%, según datos de la consultora Politikón Chaco.
