El origen del conflicto se remonta al laudo dictado por el CIADI en 2017, que estableció una condena contra la Argentina por US$321 millones más intereses a raíz de la reestatización de las compañías durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los derechos derivados de esa sentencia fueron posteriormente adquiridos por distintos fondos y actualmente el reclamo está en manos de Titan Consortium, que exige US$390,9 millones más los intereses acumulados desde diciembre de 2024.
La disputa se tramita ante la Corte de Distrito de Columbia, en Washington. La parte demandante solicitó el reconocimiento y la ejecución del laudo, mientras que Argentina intentó que el reclamo fuera considerado prescripto. El planteo sostenía que el plazo para iniciar la acción era de tres años, pero el tribunal determinó que correspondía aplicar un período de doce años y reconoció la condena, incluidos intereses y costas.
En julio, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó esa decisión y rechazó los argumentos vinculados con la prescripción. El fallo dejó abierta la posibilidad de avanzar sobre activos argentinos en Estados Unidos para recuperar el monto reclamado.
Ante este escenario, la Procuración del Tesoro resolvió presentar un pedido de revisión ante la propia Cámara de Apelaciones. Se trata de un paso previo a una eventual presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El objetivo es que el tribunal vuelva a analizar determinados aspectos procesales y la interpretación de los plazos, además de mantener abierta la discusión sobre la ejecución y las condiciones para concretar el pago.
La estrategia está encabezada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto con su equipo y la Secretaría Legal y Técnica. La intención es sostener una línea similar a la utilizada en el litigio relacionado con YPF, en el que una cámara federal de Nueva York rechazó una medida excepcional que buscaba avanzar sobre activos vinculados con la petrolera y evitó una condena de US$18.000 millones.
En esta etapa no se plantearía, en principio, una suspensión inmediata de la sentencia, debido al momento procesal en el que se encuentra el expediente. Sin embargo, la defensa analiza otras alternativas destinadas a ganar tiempo y evitar que el reclamante avance rápidamente sobre bienes argentinos.
El conflicto tiene además un trasfondo económico y político relacionado con la reestatización de Aerolíneas Argentinas. La operación, realizada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, forma parte de una serie de decisiones de recuperación de empresas por parte del Estado que posteriormente derivaron en pérdidas operativas y distintos litigios y condenas judiciales.
Actualmente, la discusión en Washington ya no se concentra en la decisión de reestatizar la compañía, sino en la forma y el momento en que puede ejecutarse el laudo del CIADI. La Cámara de Apelaciones considera que el reclamo fue presentado dentro del plazo de doce años establecido para el reconocimiento de sentencias extranjeras, por lo que mantiene vigente la condena contra la Argentina.
El Gobierno busca ahora cuestionar esa interpretación y, al mismo tiempo, mantener abiertas alternativas de negociación. Si la Cámara rechaza el pedido de revisión, quedaría como principal vía judicial una eventual apelación ante la Corte Suprema estadounidense, aunque las posibilidades de que el máximo tribunal tome el caso son limitadas.
La presentación, sin embargo, podría permitir extender los tiempos antes de una eventual ejecución y generar margen para negociar un acuerdo o una reestructuración de los pagos.
El impacto financiero también es un factor relevante para la estrategia oficial. Un desembolso cercano a los US$400 millones en un solo pago supondría una presión adicional sobre las cuentas públicas, en un contexto de ajuste fiscal y restricciones externas. Por ese motivo, la defensa combina los argumentos jurídicos con la necesidad de evitar o postergar el desembolso.
El litigio por Aerolíneas se suma además a otros reclamos pendientes contra la Argentina en distintas instancias internacionales, entre ellos una demanda vinculada con el congelamiento de tarifas del puente Rosario-Victoria.
La nueva presentación ante la Justicia estadounidense busca así mantener abierta la disputa y evitar, al menos por ahora, la ejecución de la condena. El resultado de esta instancia determinará si la Argentina consigue prolongar el proceso y abrir espacio para una negociación o si deberá afrontar la ejecución del fallo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.
