La inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, llegó al 1,8% y quedó por encima del índice general. Este comportamiento representa uno de los principales desafíos para el objetivo oficial de continuar reduciendo el gasto público durante 2026, debido a que cerca del 45% del gasto primario se encuentra vinculado a la evolución de la inflación pasada.
La desaceleración de los precios también modifica el efecto que tuvo inicialmente la inflación sobre las cuentas públicas. Mientras los precios avanzan a un ritmo menor, los gastos que se actualizan en función del IPC continúan aumentando en términos reales. Esto reduce el margen disponible para utilizar el efecto de la inflación sobre determinadas partidas y obliga a concentrar el ajuste en otros componentes del gasto.
Entre las partidas sobre las que existe menor margen de maniobra aparecen las transferencias discrecionales a las provincias. El escenario plantea así un desafío para el ministro de Economía, Luis Caputo, que debe sostener el ajuste fiscal en un contexto en el que la desaceleración inflacionaria reduce una de las herramientas que contribuyeron a contener el gasto durante la primera etapa de la gestión.
El dato de agosto también determinó los haberes jubilatorios que comenzarán a regir en octubre, de acuerdo con el mecanismo de actualización implementado por el Gobierno en febrero de 2024. La jubilación mínima será de $435.919,96 y, con el bono de $70.000, llegará a $505.919,96. La jubilación máxima, en tanto, ascenderá a $2.933.328,56.
El bono extraordinario de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024 y contribuye a moderar el crecimiento del gasto previsional. En paralelo, durante los primeros ocho meses del año, solo dos de las ocho categorías analizadas registraron aumentos reales interanuales: otras transferencias al sector privado, que incluyen subsidios económicos, con una suba del 31,48%, y jubilaciones y pensiones, con un incremento del 0,84%.
En el mismo período, las mayores reducciones reales se produjeron en las transferencias a provincias y municipios, que disminuyeron 63,74%. Le siguieron los servicios no personales, con una caída del 14,49%, y las transferencias a las universidades nacionales, que retrocedieron 12,81%.
Durante agosto, el gasto destinado a prestaciones de la seguridad social cayó 10% en términos reales. El descenso estuvo explicado principalmente por la evolución del gasto correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
De esta manera, el efecto de la inflación sobre el gasto público, que permitió reducir el peso real de determinadas partidas al comienzo de la actual gestión, pierde fuerza a medida que se desacelera el ritmo de aumento de los precios.
Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) muestran la relevancia que tuvo ese mecanismo durante el inicio del ajuste. En el primer semestre de 2024, la caída real de jubilaciones y pensiones explicó aproximadamente el 35% de la reducción total del gasto primario. Si se incorporan otros componentes del gasto social que no contaban con actualización automática, el impacto de la pérdida de poder adquisitivo de las partidas previsionales y sociales representó entre el 30% y el 40% del ajuste primario acumulado durante ese año.
De cara a los próximos meses, otro factor que comienza a adquirir mayor importancia es la indexación de distintos componentes del gasto y de la economía. Las jubilaciones se actualizan tomando como referencia el IPC de dos meses anteriores, mientras que el techo de la banda cambiaria también contempla la inflación pasada con rezago. A su vez, parte de los precios regulados continúa ajustándose mediante parámetros retrospectivos.
Con una inflación más baja, estos mecanismos tienen un peso creciente sobre la evolución de las cuentas públicas y pueden dificultar el objetivo de sostener registros inferiores al 1% mensual. Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) contemplan, hacia fin de año, una inflación cercana al 1,5% mensual.
El desafío para el Gobierno será entonces sostener el equilibrio fiscal mientras el menor ritmo de inflación reduce progresivamente el margen que había permitido licuar el valor real de determinadas partidas. Esto podría aumentar la necesidad de profundizar el ajuste sobre otros componentes del gasto.
