La investigación interna permitió detectar 645 acreditaciones consideradas indebidas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto total de $981.148.567,88. A partir de esos hallazgos, la Armada presentó una denuncia ante la Justicia Federal, que ahora deberá determinar si existieron delitos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
El jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, comenzó a implementar las medidas disciplinarias dispuestas por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti. Una primera resolución alcanzó a ocho capitanes de corbeta y un suboficial, aunque la cantidad de involucrados podría aumentar a medida que avance la investigación.
Los militares apartados permanecen sin funciones mientras se desarrolla el procedimiento. La normativa permite que el personal militar permanezca en situación de disponibilidad durante un período determinado cuando corresponde adoptar esta medida.
La definición de las sanciones deberá atravesar previamente las instancias previstas por la legislación militar y cada involucrado deberá ser notificado formalmente. Por ese motivo, la nómina completa de quienes podrían quedar alcanzados todavía no fue difundida oficialmente.
Presti había anticipado que se avanzaría con Consejos de Disciplina para determinar las responsabilidades dentro de la fuerza. Al mismo tiempo, remarcó que la investigación penal constituye un proceso diferente y que la Justicia Federal deberá establecer si se cometieron delitos, quiénes participaron y cuál es la responsabilidad de cada persona.
El expediente judicial se encuentra bajo la supervisión del juez Sebastián Ramos. El procedimiento disciplinario, en tanto, es independiente de la investigación penal. La Ley 26.394 establece que las consecuencias de la acción disciplinaria no dependen de la eventual responsabilidad penal, civil o administrativa derivada de los mismos hechos.
La destitución constituye la sanción más grave contemplada por el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Implica la pérdida del grado, la baja y la imposibilidad de recuperar la condición militar, salvo las obligaciones generales que correspondan como ciudadano. Para las infracciones consideradas más graves se requiere la intervención de los Consejos de Disciplina.
El caso comenzó a tomar forma en febrero de 2026, cuando una revisión de los haberes correspondientes a enero detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían recibido suplementos que no estaban autorizados. En ese momento no estaba determinado si se trataba de errores o de acciones deliberadas. Los montos fueron restituidos y la Armada decidió extender el control hacia períodos anteriores.
La revisión permitió detectar un esquema de mayor alcance. Para reconstruir las operaciones se compararon las liquidaciones originales, los recibos disponibles para el personal, los archivos confeccionados para efectuar los pagos a través del Banco de la Nación Argentina y las confirmaciones de las acreditaciones.
El análisis encontró pagos por conceptos que no aparecían en las liquidaciones, importes incorporados en los archivos bancarios que luego no figuraban en los recibos, duplicaciones y registros correspondientes a personas cuya relación con la institución no pudo ser acreditada inicialmente.
De acuerdo con la denuncia, las irregularidades estaban concentradas en un grupo determinado de beneficiarios y, en varios casos, se habían repetido durante distintos períodos. También se detectaron indicios de modificaciones manuales realizadas una vez finalizado el proceso ordinario de liquidación.
El mecanismo habría permitido alterar determinados registros después de los controles habituales y antes de que el archivo definitivo fuera enviado al Banco Nación. De esta manera, podían incrementarse importes o agregarse acreditaciones sin justificación, mientras que posteriormente los registros eran restituidos a sus valores originales para evitar que las modificaciones aparecieran en los recibos disponibles en el sistema Haberes-Web.
La investigación identificó 23 beneficiarios de las 645 acreditaciones irregulares, por el monto total de $981.148.567,88. Según estimaciones surgidas durante las actuaciones, el perjuicio podría resultar superior y alcanzar aproximadamente $1.500 millones cuando concluya la reconstrucción de todas las operaciones.
Dentro de los 23 beneficiarios aparecen militares en actividad y retirados, civiles de planta permanente y contratados, civiles jubilados y cuatro personas que no tenían vínculo laboral o funcional con la Armada.
Estas últimas recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% del total detectado. Entre ellas se encuentra María del Carmen Prieto, quien recibió 46 pagos por $152.259.495,86. También figuran Damián Andrés Santana, con 47 acreditaciones por $99.496.225,47, y Amalia Cristina Díaz, con 46 pagos por $91.978.048,38.
Prieto es esposa del capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien estaba al frente del Departamento Revista. Durante la investigación, Atanasoff reconoció conocer las acreditaciones efectuadas a personas ajenas a la fuerza y señaló que las operaciones se realizaban manualmente.
Según consta en la denuncia, Atanasoff manifestó que esas operaciones tenían como finalidad favorecer económicamente a determinadas personas y afirmó que era quien decidía sobre los movimientos, los beneficiarios y los importes. La Armada había dispuesto previamente su relevo preventivo del Departamento Revista y preservó los equipos utilizados para confeccionar y enviar los archivos de pagos.
Otro de los casos bajo análisis corresponde al capitán de corbeta contador Roberto Eduardo Castro, quien habría recibido haberes de manera simultánea en Argentina y en el exterior. Esta situación resulta relevante porque el sistema de haberes excluye automáticamente del procesamiento local al personal destinado fuera del país, por lo que los pagos internos deberían haberse realizado mediante registros ajenos al circuito automático.
También se detectaron acreditaciones a favor de Luana Magalí Piedigrossi, esposa de Castro, durante períodos en los que se encontraba con licencia sin goce de haberes.
Otros integrantes de la fuerza mencionados en la denuncia habían recibido sumas consideradas indebidas que posteriormente fueron restituidas. Entre ellos aparecen los capitanes de corbeta contadores Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios, quienes realizaron transferencias a la cuenta operativa del Servicio Administrativo Financiero en concepto de devolución de haberes percibidos en exceso.
También fueron mencionados Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni, quienes el 11 de septiembre restituyeron la totalidad de los montos recibidos de manera irregular.
La inclusión de esas personas en la denuncia no implica que exista el mismo nivel de responsabilidad para todos los involucrados. La investigación deberá determinar individualmente qué conocimiento tenía cada uno sobre el origen de los fondos, cuál fue su participación y si existió algún tipo de complicidad.
Hasta la presentación de la denuncia penal, se habían recuperado $42.574.267,63. Sobre el monto total identificado, la suma pendiente de restitución ascendía a $938.574.300,25. La documentación aclara que las devoluciones no modifican el monto histórico de las acreditaciones detectadas, sino que permiten establecer qué parte fue recuperada.
A partir de las irregularidades descubiertas, la Armada también modificó su esquema de controles. Desde marzo, la gestión de las acreditaciones ante el Banco Nación quedó bajo responsabilidad del Departamento Tesorería, mientras que el Departamento Contabilidad pasó a realizar de manera independiente la conciliación de las cuentas.
El objetivo de la modificación es separar las funciones relacionadas con la liquidación, la autorización de los pagos y el control posterior de las operaciones bancarias. La fuerza también relevó al personal involucrado, preservó documentación y equipos informáticos y amplió la investigación interna.
La denuncia penal fue presentada por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera. La presentación estuvo acompañada por informes técnicos, planillas de inconsistencias, documentación bancaria, registros de transferencias, actuaciones administrativas y testimonios obtenidos durante la investigación.
La Armada había informado que una actuación administrativa permitió detectar inconsistencias en las acreditaciones de haberes y que, luego de comprobarse las irregularidades, se presentó la denuncia ante el Juzgado Federal N° 2. La fuerza también señaló que la administración de los recursos públicos constituye una prioridad y que mantiene una política de tolerancia cero frente a irregularidades.
Ahora, Romay deberá continuar con el procedimiento disciplinario respecto de los militares alcanzados. Los nueve relevos constituyen el primer paso visible de esa instancia, mientras que la cantidad de personas sometidas al proceso podría ampliarse a medida que avance el análisis de las actuaciones.
La eventual aplicación de la máxima sanción dependerá de los procedimientos establecidos en el Código de Disciplina y de la evaluación individual de cada caso. En paralelo, la investigación de la Justicia Federal continuará para determinar las posibles responsabilidades penales derivadas de las ope
