El edificio, situado en Azcuénaga 1083/1087, entre la avenida Santa Fe y Marcelo Torcuato de Alvear, funciona actualmente como Casa de San Luis. Se trata de una construcción de valor arquitectónico e histórico que cuenta con protección patrimonial de la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva convocatoria constituye el segundo intento de venta impulsado durante la gestión del gobernador Claudio Poggi. La operación fue autorizada por una ley aprobada en 2024, con 24 votos favorables de legisladores oficialistas y aliados, mientras que otros 17 representantes del peronismo, alineados con el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, votaron en contra.
En la primera subasta, el precio base había sido fijado en USD 2.951.318 por el Tribunal Nacional de Tasaciones, pero no se presentaron interesados. Para esta nueva instancia, el valor se redujo en casi USD 24.000, hasta alcanzar los USD 2.927.392.
Uno de los argumentos utilizados para justificar la venta está relacionado con los gastos de conservación. Según datos del Gobierno provincial, durante el año anterior el mantenimiento del inmueble demandó $137.500.000, equivalentes entonces a unos USD 95.000.
Sin embargo, Abdala cuestionó la decisión y sostuvo que el edificio debería conservarse y aprovecharse de una manera diferente. El senador considera que su valor arquitectónico excede el uso administrativo que tiene actualmente y propuso que pueda funcionar como un espacio de alojamiento para los sanluiseños que viajan a Buenos Aires por cuestiones de salud.
“El palacete que tenemos los sanluiseños en Buenos Aires no debemos venderlo y mucho menos malvender”, expresó el legislador, quien también aseguró que, si llega a la gobernación y la propiedad ya fue vendida, intentará recomprarla por el mismo monto de la operación original.
La disputa tiene además un trasfondo electoral. Mientras Poggi mantiene vínculos políticos con el Gobierno nacional y acompaña distintas iniciativas impulsadas en el Congreso, Abdala busca consolidar su propio espacio con vistas a las elecciones provinciales de 2027. En ese escenario, el destino del inmueble se convirtió en uno de los puntos de confrontación entre ambos dirigentes.
La discusión también coincide con las aspiraciones electorales de Adolfo Rodríguez Saá, quien anticipó su intención de volver a competir por la gobernación. Durante las últimas cuatro décadas, especialmente bajo la administración de Alberto Rodríguez Saá, el edificio fue utilizado como sede política y espacio de campaña del peronismo disidente. Tuvo un papel destacado durante la campaña presidencial de 2011.
La historia del palacio se remonta a 1920, cuando fue construido por el arquitecto Virgilio Colombo, uno de los exponentes del Art Nouveau en Buenos Aires. La propiedad cuenta con cuatro pisos, ascensor, murales y grandes vitrales, y conserva un estado general adecuado.
Su construcción fue encargada por Carlos Lagomarsino, un inmigrante italiano dedicado a la sombrerería que fundó una empresa que continúa en actividad. Su familia vivió allí durante cuatro años y posteriormente vendió el inmueble tras su fallecimiento.
A lo largo de las décadas siguientes, el edificio tuvo distintos usos. Funcionó como consultorio médico y, durante los años sesenta, albergó una escuela de aviación y dependencias del servicio de inteligencia de la Aeronáutica, que permanecieron allí hasta 1969.
En 1973 se instaló una sucursal del Banco Interamericano Regional, entidad que quebró en 1980. Tras la crisis económica de 1982, el palacio fue subastado y pasó a manos de una inmobiliaria, que lo vendió al Gobierno de San Luis en 1984, durante la primera gobernación de Adolfo Rodríguez Saá.
Actualmente, la propiedad integra el catálogo de inmuebles protegidos de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nivel Estructural. Esta categoría exige preservar su tipología arquitectónica, sus materiales y sus ornamentaciones, además de impedir ampliaciones o modificaciones que alteren su composición espacial.
La venta estará a cargo de la Caja Social y Financiera de San Luis, bajo la administración provincial. Según las condiciones establecidas, podrán presentar ofertas personas físicas y jurídicas, organismos públicos, estados nacionales, provinciales y municipales, así como interesados extranjeros.
El pliego también establece restricciones para quienes tengan antecedentes penales por delitos contra la administración pública, se encuentren en situación de quiebra o concurso sin rehabilitación, o hayan ocupado cargos en la administración pública provincial durante los últimos cuatro años.
Con la nueva subasta en marcha, el futuro del ex Palacio Lagomarsino vuelve a quedar en el centro de la discusión entre el valor patrimonial del edificio, los costos que representa para las arcas provinciales y las posiciones políticas enfrentadas sobre su conservación o venta.
