El predio de disposición final comenzó a funcionar en 2023, junto a tierras del establecimiento rural, con un proyecto que contemplaba compactar y enterrar la basura en un relleno sanitario para evitar que los fuertes vientos de la zona trasladaran los desechos. Sin embargo, según la denuncia presentada por la empresa, desde 2024 comenzaron a aparecer residuos en distintas áreas del campo, una situación que no se había registrado anteriormente.
La estancia, ubicada en el sudeste del departamento Güer Aike, a unos diez kilómetros de Río Gallegos, desarrolla actividades de producción ovina y bovina sobre pastizales naturales. El relleno municipal se encuentra a aproximadamente 1.200 metros de su alambrado perimetral.
El administrador del establecimiento advirtió que la fragmentación de los plásticos agrava el problema, ya que los materiales más pequeños pueden mezclarse con el suelo y el forraje. Por ese motivo, la empresa decidió retirar parte de sus animales de los sectores afectados para prevenir posibles consecuencias sanitarias.
El impacto sobre la producción ya se refleja en la reducción del rodeo destinado a la invernada. Según explicó la administración de Punta Loyola, anteriormente unas 250 vacas utilizaban uno de los cuadros para pasar el invierno. La combinación de la sequía y la contaminación obligó a retirar esos animales y reducir la cantidad a 50, al considerar que el campo dejó de ofrecer condiciones adecuadas para esa actividad. La estancia cuenta en total con 65.000 hectáreas, 12.000 ovinos y 50 vacas, de acuerdo con los datos aportados por su administrador.
La empresa presentó un amparo ambiental contra la Municipalidad de Río Gallegos en junio de 2025, luego de considerar que la situación se había vuelto insostenible. El expediente lleva más de un año de demora y reclama la interrupción de las actividades en el predio, además de la ejecución de obras para evitar que los residuos continúen dispersándose.
Como parte de la documentación judicial se incorporaron imágenes satelitales y relevamientos realizados en el establecimiento. En los registros de diciembre de 2022, el predio todavía aparecía en construcción, mientras que en septiembre de 2024 ya se observaba en funcionamiento. En las imágenes posteriores se identificaron residuos distribuidos sobre el campo y acumulaciones de basura a lo largo del alambrado divisorio.
Un estudio ambiental encargado por la empresa incluyó un relevamiento realizado el 26 de diciembre de 2024, con 37 estaciones de observación separadas por un kilómetro y recorridos de campo en transectas de 10 por 250 metros.
A partir de esos registros se calculó una zona de dispersión de aproximadamente 8.800 metros de longitud y 7.900 metros de ancho máximo, con una superficie cercana a las 5.400 hectáreas. La mayor concentración de residuos se encontró dentro de los primeros 2.500 metros desde el límite noroeste del predio, donde se registraron más de 0,75 elementos por metro cuadrado. En las áreas más alejadas, la densidad descendió por debajo de 0,003 residuos por metro cuadrado.
El informe relacionó la distribución de los desechos con los vientos predominantes del oeste, cuya velocidad media alcanza los 37 kilómetros por hora y cuyas ráfagas pueden superar los 100. Entre los materiales encontrados figuran papeles, cartones, telgopor, plásticos, nailon, bolsas de aluminio, envases de bebidas y otros envoltorios livianos.
Por sus características, muchos de estos residuos son transportados por el viento y terminan enganchados en los alambrados o atrapados entre la vegetación, especialmente en arbustos como el calafate y la mata verde.
Otro informe técnico, elaborado en abril de 2025 por el área rural del INTA en Río Gallegos, advirtió sobre los riesgos que implica la presencia de plásticos mezclados con el alimento de ovinos y bovinos. El documento señala que la ingestión de estos materiales puede provocar obstrucciones intestinales, alteraciones digestivas, timpanismo, perforaciones, infecciones y cuadros de dolor intenso que, en situaciones graves, pueden terminar con la muerte de los animales por inanición.
El estudio también alertó sobre el proceso de fragmentación de los plásticos por efecto del sol, el agua y el viento. Con el tiempo, esos materiales se convierten en partículas más pequeñas que pueden incorporarse al suelo y modificar su estructura y capacidad de retención de agua.
En marzo de 2025, la empresa había intimado formalmente al municipio para que detuviera la dispersión de residuos y cumpliera con las condiciones previstas en el proyecto original. También reclamó la disponibilidad de maquinaria, tecnología y personal suficiente para garantizar el tratamiento adecuado de los desechos.
Entre los cuestionamientos formulados por el establecimiento figura que la fosa, proyectada para una vida útil de diez años, ya habría alcanzado su capacidad. Además, denunció que la operación fue tercerizada a una empresa que no contaría con maquinaria suficiente para compactar los residuos ni realizar una separación adecuada antes de su disposición. También aseguró que durante recorridas por el lugar encontraron desechos hospitalarios y provenientes de frigoríficos.
El reclamo judicial solicita que se convoque a la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz como tercera interesada, debido a su intervención en la aprobación ambiental del proyecto. También pide inspecciones cada 15 días y que el municipio sea obligado a realizar las tareas necesarias para recomponer y sanear el terreno afectado.
En paralelo, el organismo provincial confirmó que el basural funciona sin una Declaración de Impacto Ambiental vigente, ya que la autorización anterior venció en 2025. Para obtener una nueva habilitación, la Municipalidad de Río Gallegos debía presentar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento que permitiera verificar si las obras y las condiciones de funcionamiento respetaban los requisitos establecidos originalmente.
Sin embargo, esa documentación todavía no había sido entregada, pese a las intimaciones realizadas por las autoridades ambientales. Las inspecciones también detectaron deficiencias operativas, entre ellas falta de maquinaria para el tratamiento y disposición de los residuos, personal insuficiente, ausencia de una balanza para controlar los ingresos y problemas en el sector destinado al almacenamiento de residuos peligrosos.
Mientras continúa pendiente la resolución del conflicto judicial, la situación del basural mantiene en discusión el funcionamiento del sistema municipal de disposición de residuos y sus consecuencias sobre las actividades productivas de los establecimientos cercanos.
