La estrategia tiene como principal límite la decisión del presidente Javier Milei de sostener el superávit fiscal. Caputo defendió esa postura este miércoles durante una exposición en un encuentro de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), donde descartó aumentar el gasto o generar déficit para mejorar los ingresos de los hogares antes de los comicios.
“También es muy difícil mantenerse. Escucho a ciertos colegas y veo cuán fácil pierden la convicción. Enseguida ya queremos movernos, dicen: ‘Ahora ya tenemos equilibrio; no están claras las elecciones, pongamos un poco de plata en el bolsillo de la gente'”, afirmó el ministro.
El titular del Palacio de Hacienda advirtió que abandonar el equilibrio presupuestario incrementaría las necesidades de financiamiento del Estado. “Si tenemos un déficit de dos puntos, implica que vamos a tener que salir a buscar financiamiento por USD 14.000 millones. ¿Podemos? No”, sostuvo. También señaló que modificar el ancla fiscal podría afectar las expectativas económicas, a partir de los antecedentes de inestabilidad del país.
Durante esta semana, el equipo económico explicitó con mayor claridad su estrategia para impulsar la actividad. En su participación en el encuentro anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), Caputo anunció tres medidas destinadas a aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas.
La primera establece la suspensión de embargos para las pymes hasta mayo de 2027. La segunda amplía a 18 cuotas los planes de pago e incorpora las deudas vencidas hasta el 31 de octubre. La tercera permite utilizar la totalidad de los saldos a favor de las empresas para cancelar impuestos aduaneros.
Las iniciativas buscan evitar un mayor deterioro financiero de las compañías, aunque su impacto directo sobre el nivel de actividad todavía deberá evaluarse. Entre las medidas con mayor potencial para estimular el consumo aparece una nueva línea de crédito del Banco Nación destinada a financiar la compra de automóviles, con una tasa del 25% y plazos de tres, cuatro y cinco años.
Por el momento, versiones no oficiales indican que los préstamos podrían limitarse a vehículos fabricados en el país. Esa condición todavía no fue confirmada y será relevante para determinar el alcance de la iniciativa sobre la industria automotriz nacional.
La primera decisión del paquete de medidas había llegado en agosto, cuando Caputo anunció una flexibilización de los créditos en dólares. El cambio eliminó la exigencia que limitaba el acceso a esos préstamos a quienes generaban divisas o contaban con una empresa garante que cumpliera ese requisito.
La modificación amplió el universo de personas y compañías habilitadas para solicitar financiamiento en moneda extranjera. Aunque no estableció restricciones por actividad, el ministro reconoció que uno de los sectores a los que buscaba beneficiar era la construcción.
Posteriormente, la iniciativa se complementó con las licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social. El objetivo oficial es canalizar hasta $2 billones hacia los bancos, mediante financiamiento de largo plazo, para ampliar la oferta de créditos hipotecarios.
El esquema contempla licitaciones de hasta $200.000 millones. Las entidades pueden acceder a fondos a un año, con una tasa mínima de UVA +2,5%, o a cinco años, con una tasa mínima de UVA +4,5%. Para obtener esos recursos deberán participar de las licitaciones, que buscan facilitar la disponibilidad de financiamiento para préstamos hipotecarios.
Otra decisión estuvo vinculada con el precio de los combustibles. Frente a la volatilidad internacional del petróleo y los aumentos aplicados por las petroleras en los surtidores tras el inicio del conflicto en Oriente Medio, el Gobierno volvió a postergar la actualización del impuesto a los combustibles.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1305/2026, que estableció el 1 de diciembre como nueva fecha para aplicar el ajuste. La legislación dispone que el tributo se actualice trimestralmente en función de la inflación acumulada, pero el Poder Ejecutivo decidió aplazar su traslado para evitar un costo adicional para los consumidores y una mayor presión sobre los precios.
El impuesto forma parte de los componentes del valor final de los combustibles, por lo que su actualización puede trasladarse directamente a los surtidores.
Además de las iniciativas anunciadas por Caputo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la CNV trabajan en otras propuestas para ampliar el crédito en pesos. El vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning, presentó parte del diagnóstico oficial durante una reunión con inversores realizada en octubre de 2026 en Bangkok, Tailandia, en el marco de los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Una de las medidas apunta a los empleados públicos que pagan créditos personales mediante descuentos de sus haberes. El BCRA busca eliminar el límite a la tasa de interés de esos préstamos y permitir que el código de descuento pueda transferirse a otra entidad que cumpla los requisitos establecidos.
El propósito es brindar mayor seguridad a las entidades que adquieren carteras de préstamos ya otorgados y ampliar sus fuentes de financiamiento. La modificación alcanzará a los créditos cuyo cobro se realiza directamente mediante el sistema de haberes de los trabajadores estatales.
Otra iniciativa está destinada a los empleados del sector privado que acceden a préstamos con descuento salarial. La propuesta contempla centralizar los pagos con afectación específica a través de la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (Coelsa).
Los trabajadores conservarán la posibilidad de asignar los fondos, mientras que los empleadores dejarán de ocuparse de las gestiones administrativas de ese circuito. El objetivo es ordenar el mecanismo de cobro de los créditos otorgados bajo esta modalidad.
La tercera propuesta involucra a los comercios y plantea reconocer los cupones de tarjetas como instrumentos legales, digitales y transferibles. La iniciativa busca darles valor financiero durante el período que transcurre entre una compra realizada con tarjeta y la acreditación efectiva de los fondos.
Con ese reconocimiento, los comercios podrían utilizar los cupones en operaciones de financiamiento. Además, el proyecto prevé que, ante un incumplimiento, esos instrumentos puedan ejecutarse mediante procedimientos sumarísimos, con el objetivo de facilitar el acceso a liquidez.
La cuarta medida está dirigida a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), entidades que respaldan préstamos para pequeñas y medianas empresas mediante avales. El BCRA pretende que puedan garantizar un mayor volumen de créditos utilizando el mismo fondo de respaldo.
La iniciativa apunta a ampliar el acceso de las pymes al financiamiento y mejorar las condiciones de los préstamos, tanto en tasas de interés como en plazos.
En conjunto, las medidas muestran el intento del Gobierno de estimular el crédito y aliviar las restricciones financieras de empresas y consumidores sin modificar su principal compromiso económico: mantener el equilibrio fiscal y evitar una expansión del gasto público antes de las elecciones de 2027.
