Novelli, operador de criptomonedas vinculado al presidente Javier Milei, recusó a la jueza al considerar que “su vínculo institucional con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales compromete la garantía de imparcialidad judicial”, debido a que esa entidad intentó intervenir como parte en la causa.
Si Casación resuelve a favor de los presuntos damnificados, quedaría abierta la posibilidad de cuestionar el cierre del expediente y solicitar que se reactive la investigación. La Sala II también está integrada por Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes deberán pronunciarse sobre el pedido de la defensa.
Por el momento, la causa $LIBRA permanece cerrada en primera instancia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al Presidente, a su hermana Karina Milei y a otros nueve investigados, entre ellos Novelli. Antes, el fiscal Eduardo Taiano había concluido que no existían elementos suficientes para sostener que se hubiera cometido un delito.
Mientras Casación debe resolver si reincorpora a los querellantes, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó un escrito ante el juzgado en el que advirtió que todavía quedan medidas pendientes para considerar concluida la pesquisa. Entre ellas, mencionó la reconstrucción del movimiento de los fondos y un análisis más profundo de las comunicaciones y los acuerdos comerciales.
El recurso de la defensa de Novelli se concentró en la participación que podría tener Ledesma en la revisión del expediente. Según el planteo, la jueza integra el Comité Consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), entidad vinculada con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).
La defensa considera relevante esa relación porque ambas organizaciones intentaron constituirse como querellantes en la causa $LIBRA. Aunque la Justicia rechazó sus pedidos, las entidades continuaron presentando iniciativas vinculadas con el impulso de la acusación y cuestionaron los sobreseimientos.
Entre los argumentos expuestos por Daniel Rubinovich, abogado de Novelli, figura una publicación del CIPCE difundida el 7 de septiembre de 2026, titulada “Caso $LIBRA: excluir a las querellas profundiza la impunidad”.
El escrito también señaló que INECIP y CIPCE realizaron gestiones ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para promover la intervención de ese organismo en los recursos impulsados por las querellas. A partir de esos antecedentes, la defensa sostuvo que “existen circunstancias objetivas que comprometen la garantía constitucional de imparcialidad judicial”.
Además, citó dos antecedentes en los que la propia Ledesma solicitó apartarse de determinadas causas por sus vínculos con esas organizaciones. El primero ocurrió en 2007, en el expediente conocido como Masacre de Pompeya. De acuerdo con el planteo, la magistrada se excusó entonces por la preocupación que INECIP había manifestado sobre ese proceso.
Los demás integrantes del tribunal aceptaron su excusación. La defensa sostuvo que la intervención de la entidad en aquel expediente había sido menor que la que ahora atribuye a INECIP y CIPCE en la causa $LIBRA.
El segundo antecedente corresponde a 2011 y está relacionado con la causa “López”. En esa oportunidad, Ledesma pidió inhibirse ante el intento del CIPCE de intervenir como amigo del tribunal.
Para Novelli, si la jueza consideró que esos vínculos justificaban apartarse en procesos anteriores, debería adoptar una decisión equivalente frente a una actuación que la defensa considera más intensa por parte de ambas organizaciones.
Novelli, organizador del Tech Forum Argentina y operador del sector de las criptomonedas, fue uno de los once investigados que recibieron el sobreseimiento en primera instancia. Durante la pesquisa, su nombre quedó asociado a un posible papel de intermediario entre el entorno de Milei y empresarios del sector cripto, entre ellos Hayden Davis, uno de los impulsores del token.
La causa se inició a partir de denuncias que plantearon que la promoción de $LIBRA por parte de Javier Milei en la red social X pudo haber formado parte de una maniobra coordinada. Después de la publicación del Presidente, el valor del token aumentó rápidamente, atrajo fondos de miles de compradores y luego se desplomó, mientras algunas billeteras retiraban liquidez.
Los denunciantes sostuvieron que esa secuencia podría constituir una estafa y solicitaron investigar también posibles delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.












