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Reforma electoral: el Gobierno evalúa suspender las PASO en 2027 y sumar colectoras y Ficha Limpia

16 noviembre, 2026
in Politica
Reforma electoral: el Gobierno evalúa suspender las PASO en 2027 y sumar colectoras y Ficha Limpia
El Gobierno de Javier Milei está dispuesto a modificar su proyecto de reforma electoral para conseguir respaldo político en el Congreso. La última versión del dictamen propone suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) únicamente durante 2027, en lugar de eliminarlas de manera permanente, e incorpora un mecanismo que permitiría que una misma fórmula presidencial reciba el apoyo de dos agrupaciones distintas, cada una con su propia lista de candidatos legislativos.

El texto, compuesto por 20 artículos, también incluye una modalidad de Ficha Limpia que restringe las candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos. Además, introduce cambios en las normas sobre afiliación partidaria, presentación de listas, publicidad electoral, debates presidenciales y representación argentina en el Parlamento del Mercosur.

El debate comenzará este martes a las 15 en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el senador fueguino Agustín Coto. La Libertad Avanza busca conseguir dictamen y llevar el proyecto al recinto la semana próxima. Las negociaciones están a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene conversaciones con los gobernadores, y de Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista en la Cámara alta.

El jueves 26 de noviembre aparece como una fecha tentativa para la votación, aunque el calendario dependerá de los acuerdos parlamentarios que consiga el oficialismo.

Uno de los principales cambios políticos es que el Gobierno aceptó revisar algunos artículos durante el debate en comisión, en particular el apartado referido a las listas colectoras. La redacción actual generó dudas sobre el funcionamiento de las adhesiones electorales y su impacto en la distribución de bancas. Esos puntos ya forman parte de las conversaciones con los bloques aliados.

El tratamiento también se desarrollará en medio de diferencias entre un sector de la Casa Rosada y Bullrich, quien integra la comisión y conduce el bloque de La Libertad Avanza en el Senado. El domingo, Gerardo Milman, uno de los principales colaboradores políticos de la senadora, cuestionó públicamente la constitucionalidad del mecanismo de colectoras incluido en el borrador.

“Desde mi perspectiva, la idea de colectoras para senadores nacionales es inconstitucional”, escribió Milman en su cuenta de X. El dirigente sostuvo que la Constitución establece un sistema de representación de mayorías y minorías y advirtió: “No puede haber tres senadores de un mismo partido político o alianza transitoria”.

Sus declaraciones sumaron una nueva dimensión política al debate, ya que las objeciones al proyecto también surgieron de dirigentes cercanos a la conducción parlamentaria oficialista. Sin embargo, eso no implica que Bullrich se haya pronunciado en contra de la reforma.

El artículo 12 del borrador suspende durante 2027 las primarias establecidas por la ley 26.571 y las obligaciones vinculadas con su organización y realización. El sistema se mantendría vigente, por lo que las PASO podrían volver a celebrarse en elecciones posteriores, salvo que el Congreso apruebe una nueva modificación.

Durante ese período, cada partido definiría sus candidatos de acuerdo con su carta orgánica, mientras que las alianzas se regirían por sus propios reglamentos electorales. De esta manera, las fuerzas resolverían sus postulaciones mediante procedimientos internos, sin una primaria nacional obligatoria.

El proyecto también fija condiciones para oficializar listas. Cada agrupación podría presentar una sola nómina por categoría y no estaría permitido que una alianza y los partidos que la integran inscriban listas simultáneas, incluso si fueran idénticas. Además, los candidatos solo podrían competir por una agrupación y para una categoría electiva. Se mantendría la paridad de género, con listas que alternen mujeres y varones desde el primer puesto titular hasta el último suplente.

La propuesta incorpora la obligación de presentar avales ciudadanos para las candidaturas. Para diputados y senadores nacionales, los partidos deberían reunir adhesiones en una cantidad equivalente a los afiliados exigidos para obtener el reconocimiento como partido de distrito. En las postulaciones presidenciales, se requerirían avales equivalentes a las afiliaciones necesarias para el reconocimiento partidario en un mínimo de cinco distritos electorales. Las alianzas tendrían requisitos propios, relacionados con la cantidad de partidos que las integren.

El texto establece que cada elector podrá avalar como máximo a un partido nacional y a uno de distrito. También encomienda a la Cámara Nacional Electoral la creación de una plataforma digital para reunir las adhesiones, que deberá estar disponible al menos 90 días antes del vencimiento del plazo para inscribir candidatos.

Otro de los cambios habilita la afiliación partidaria digital. Los ciudadanos podrían manifestar su voluntad de incorporarse a una agrupación por medios electrónicos, mediante identificación biométrica u otros mecanismos de autenticación que establezca la reglamentación.

Uno de los puntos más discutidos está en el artículo 17, que crea un régimen excepcional de adhesiones electorales para 2027. La disposición permitiría que una misma fórmula presidencial sea acompañada en un distrito por dos agrupaciones diferentes, cada una con su propia lista de candidatos a legisladores nacionales.

La iniciativa busca facilitar acuerdos entre La Libertad Avanza y partidos provinciales que podrían respaldar una eventual reelección de Milei, pero que pretenden conservar sus estructuras y presentar candidatos propios al Congreso. El esquema interesa a gobernadores y referentes que mantienen una relación de cooperación con la Casa Rosada, entre ellos el mandatario mendocino Alfredo Cornejo y el oficialismo correntino de los Valdés.

Según el borrador, la fórmula presidencial aparecería en dos columnas contiguas de la Boleta Única de Papel. Una incluiría las candidaturas legislativas de la agrupación que presenta la fórmula y la otra, las de una fuerza con una denominación diferente.

Para habilitar esa adhesión sería necesario un acuerdo expreso, presentado ante la Justicia Electoral dentro del plazo establecido para constituir alianzas. El partido nacional tendría que autorizar a la segunda agrupación y podría permitirle utilizar sus símbolos, colores y logotipo. La fórmula presidencial conservaría su identificación en ambas columnas.

La diferencia con las colectoras limitadas durante la gestión de Mauricio Macri es que el modelo actual permitiría un máximo de dos columnas por distrito. No habilitaría la multiplicación de listas asociadas a una misma fórmula ni que la agrupación legislativa adherente respaldara también a otro candidato presidencial.

En 2019, mediante el decreto 259, Macri restringió las adhesiones entre agrupaciones de distinta denominación. La propuesta actual no recupera por completo aquel mecanismo: funcionaría con Boleta Única de Papel, limitaría las combinaciones y exigiría acuerdos autorizados previamente.

Los antecedentes muestran el alcance de esas diferencias. En 1999, Carlos Ruckauf se postuló a gobernador bonaerense con adhesiones a las candidaturas presidenciales de Eduardo Duhalde y Domingo Cavallo. En 2015, Gerardo Morales llegó a la gobernación de Jujuy con una oferta vinculada a las postulaciones de Mauricio Macri y Sergio Massa. El esquema que se debate ahora no permitiría esas combinaciones con distintos candidatos presidenciales.

Sin embargo, una cláusula del borrador ya generó reparos entre dirigentes oficialistas y aliados. El artículo 63 bis establece que los votos de las listas legislativas de cada agrupación se computarán por separado para todos los efectos. Esa redacción abrió interrogantes sobre cómo incidiría en la distribución de bancas, especialmente en el Senado, donde la Constitución asigna dos representantes a la fuerza más votada y uno a la segunda.

La objeción planteada por Milman apunta a ese aspecto. También preocupa que dos listas asociadas a un mismo candidato presidencial dividan el voto legislativo y terminen favoreciendo a una tercera fuerza que compita con una candidatura unificada.

En las negociaciones se analiza una alternativa: establecer reglas para sumar los resultados de las agrupaciones que integren un acuerdo electoral y determinar posteriormente cómo se distribuirían las candidaturas entre ellas. Por ahora no hay una decisión formal, aunque el oficialismo considera modificar el texto durante el debate en comisión para conciliar los distintos intereses.

El tercer eje central de la reforma es Ficha Limpia. El artículo 2 modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y establece que no podrán postularse a cargos electivos nacionales quienes tengan una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia.

La prohibición tendría un límite temporal: para aplicarse en una elección, la confirmación de la condena deberá ser anterior al 31 de diciembre del año previo. Si se produce durante el año electoral, la restricción comenzará a regir una vez concluido el proceso.

El borrador también crea un Registro Público de Ficha Limpia, dependiente de la Cámara Nacional Electoral. Los tribunales deberán informar las sentencias alcanzadas por la norma dentro de las 24 horas de notificarlas y la presentación de recursos judiciales no suspenderá automáticamente la prohibición. Las restricciones se extenderían, además, a nombramientos en ministerios, secretarías, organismos descentralizados y empresas con participación estatal.

La reforma incluye cambios en la publicidad electoral. El artículo 7 autoriza anuncios políticos y electorales en televisión, radio, medios gráficos, internet, telefonía y vía pública, incluso fuera de los plazos generales de campaña.

En cuanto a los debates presidenciales, el borrador propone eliminar su obligatoriedad. La Cámara Nacional Electoral podría organizar un encuentro entre los candidatos que lleguen a una segunda vuelta dentro de los diez días anteriores a la votación, pero dejaría de ser una instancia obligatoria.

También se plantean modificaciones para el Parlamento del Mercosur. Hasta que se establezca una fecha común para elegir directamente a sus integrantes, los representantes argentinos serían designados entre legisladores nacionales, de acuerdo con la proporción de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. Esa tarea no implicaría el cobro de una remuneración adicional.

El proyecto combina disposiciones permanentes con medidas excepcionales para 2027, que dejarían de regir una vez finalizado el proceso electoral. Esa distinción será relevante para determinar el alcance de los cambios que finalmente apruebe el Congreso.

El oficialismo aspira a conseguir dictamen y avanzar hacia una primera aprobación antes de que termine noviembre. La disposición a revisar el texto funciona como una herramienta para alcanzar consensos con gobernadores y bloques aliados, aunque el borrador actual podría no ser la versión que finalmente llegue al recinto. El debate en el Senado definirá qué artículos se mantienen y cuáles deberán modificarse para reunir los votos necesarios.

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