La Ley de Inocencia Fiscal tiene como propósito permitir el uso de ahorros no declarados sin que ello genere inconvenientes con ARCA, el organismo encargado de la recaudación. La normativa busca ofrecer mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, asegurando que futuras administraciones no cuestionen el origen de los fondos una vez que se integren al sistema formal.
Desde una perspectiva técnica, la ley modifica la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario, actualizando los montos que definen la evasión fiscal. Por ejemplo, el límite para que una irregularidad se considere evasión simple se incrementó de $1,5 millones a $100 millones, y el de evasión agravada pasó de $15 millones a $1.000 millones. Además, los montos relacionados con delitos por facturación falsa se elevaron a $100 millones, mientras que aquellos vinculados a incumplimientos fiscales alcanzan los $200 millones.
La legislación también introduce un mecanismo que extingue la acción penal si el contribuyente regulariza su situación y paga los intereses adeudados, mientras que el plazo de prescripción para obligaciones tributarias se redujo de cinco a tres años. Se instauró un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias para contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y patrimonios menores a $10.000 millones, siempre que no sean clasificados como grandes contribuyentes.
Bajo este nuevo esquema, ARCA cambiará su enfoque para determinar los impuestos, centrándose en los ingresos y gastos deducibles en vez de en el consumo o evolución patrimonial. Los contribuyentes que acepten la liquidación del organismo y realicen el pago correspondiente serán eximidos de revisiones futuras en ese impuesto.
En este contexto, los fondos que permanezcan fuera del sistema podrán utilizarse para adquirir bienes registrables, como propiedades y vehículos, sin estar sujetos a controles relacionados a dichas transacciones. Asimismo, los bancos, escribanías y concesionarias no estarán obligados a informar muchas de estas operaciones debido a los nuevos límites establecidos.
El oficialismo está promoviendo un nuevo debate en el Congreso para ajustar aspectos de la Ley de Inocencia Fiscal, considerando las críticas recibidas de expertos y tributaristas que señalaban que la normativa presentaba ciertas ambigüedades. Entre los cambios propuestos se eliminarían los topes de ingresos y patrimonio, lo que permitiría el acceso al régimen a una mayor cantidad de contribuyentes, independientemente de su tamaño, siempre y cuando mantengan su residencia fiscal durante el período de declaración. Además, se contempla un plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para que se puedan exteriorizar fondos no declarados sin repercusiones futuras.
