La presentación será monitoreada atentamente desde la Casa Rosada. Fuentes del Gobierno anticiparon que la declaración jurada se formalizará en las últimas horas del día y que Adorni podría hacer alguna declaración pública tras completar el trámite. Desde Balcarce 50 se trabaja también en una estrategia de comunicación para brindar apoyo al funcionario y contrarrestar las críticas en torno a su situación patrimonial.
Las autoridades intentan desvincular la adhesión al régimen simplificado de Ganancias de una posible regularización de bienes no declarados. Asesores cercanos a Adorni sostienen que ni él ni Angeletti tienen intenciones de utilizar este mecanismo para blanquear activos, sino que buscan una forma más sencilla de presentar sus declaraciones. Este régimen permite a los contribuyentes revisar y, si es necesario, corregir su declaración precargada por ARCA, así como abonar el impuesto correspondiente.
Desde ARCA indican que la carga de la declaración jurada es inmediata. Este aspecto se presenta como un argumento clave en la defensa oficial: el contribuyente puede conocer de manera rápida la información que posea la administración tributaria, dar su conformidad o solicitar rectificaciones. Además, desde el entorno de Adorni se afirma que ya venían trabajando en un proceso de rectificación desde 2020, utilizando esto para caracterizar el movimiento como parte de un ordenamiento fiscal, y no como una respuesta aislada a la investigación judicial.
La explicación oficial busca establecer una diferencia técnica: estar incluido en el régimen simplificado de Ganancias no significa necesariamente emplear la Inocencia Fiscal para declarar bienes. Aunque el esquema opera bajo la ley mencionada, la adhesión puede responder también a razones administrativas. En este sentido, lo que se repite desde el Ejecutivo es que el trámite no implica por sí solo la admisión de fondos ocultos o activos no declarados.
El contexto es delicado. La declaración jurada que se presentará ante la Oficina Anticorrupción será uno de los documentos que se someterán al escrutinio de la Justicia federal, que investiga si el incremento del patrimonio de Adorni puede ser justificado con los ingresos que ha declarado. La causa está bajo la supervisión del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes están revisando propiedades, gastos, deudas, viajes, consumos y movimientos financieros de su grupo familiar.
Dentro de otros sectores de la administración, se evitan confirmar o desmentir si la declaración incluirá información sobre tenencia de dinero en efectivo o activos previamente desconocidos. Ante consultas sobre si Adorni declarará algún “canuto”, los responsables se limitan a indicar que no tienen información al respecto. La estrategia se centra en aguardar la presentación formal y no anticipar detalles sobre el contenido patrimonial.
La línea política será argumentar que el funcionario cumplió con los procedimientos formales, que no utilizó el régimen para blanquear bienes, y que su situación debe evaluarse con base en la documentación presentada. Desde la Casa Rosada opinan que Adorni necesita ofrecer una explicación ordenada para evitar una escalada de la controversia. Dentro del propio Gobierno, incluso algunos funcionarios que prefieren no pronunciarse sobre la situación de un colega, reconocen que la presentación puede resultar útil para disipar dudas en un asunto que ya tiene considerable repercusión pública.
El proceso judicial continuará su curso más allá de la presentación ante la OA. La adhesión al régimen simplificado podría organizar el frente tributario, pero no detiene la investigación penal. La diferencia es fundamental: ante ARCA, el contribuyente presenta su declaración de Ganancias, revisa la información y abona lo que corresponda; ante la Justicia, tendrá que justificar si sus ingresos son suficientes para respaldar sus bienes, gastos, deudas y movimientos patrimoniales.
La administración se prepara para sostener públicamente que no ha habido enriquecimiento ilícito. La defensa se desplegará en medios y redes sociales, donde el oficialismo intentará sostener que la causa se basa en sospechas políticas y que la declaración jurada servirá para discutir sobre datos concretos. La presentación de hoy será, en este sentido, un hito crucial tanto para la estrategia de Adorni como para la respuesta institucional del Gobierno.
