Esta decisión se fundamenta en la necesidad de establecer las condiciones operativas, materiales y tecnológicas que aseguren una transición ordenada y efectiva en esta de las jurisdicciones federales más complejas del país.
El aplazamiento será informado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación Penal, así como a la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, y la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, siguiendo lo que establece la resolución. El Ministerio de Justicia ha diseñado un cronograma para la implementación que prevé un despliegue gradual del Código en diversas jurisdicciones federales del país, conforme a la Ley N° 27.150 y sus modificaciones.
Desde que se reinició el proceso de reforma del sistema procesal penal federal, el Ministerio de Justicia ha promovido la aplicación del sistema acusatorio en varias jurisdicciones, haciéndolo de manera paulatina y fomentando la colaboración interinstitucional.
Hasta ahora, el nuevo modelo ha sido implantado en nueve distritos federales, incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego, además de regiones en la provincia de Buenos Aires como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.
Aún queda por implementar el sistema acusatorio en nueve jurisdicciones federales, que incluyen Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones, así como en áreas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Córdoba, su vasta extensión geográfica, alta densidad poblacional, la dispersión de las sedes judiciales y el considerable volumen de litigios penales federales han sido identificados como factores que requieren un análisis particular sobre las condiciones necesarias para la transición.
La complejidad de la Justicia Federal en Córdoba demanda una evaluación exhaustiva de los recursos humanos, la infraestructura disponible y la capacidad tecnológica de los organismos relacionados. Esta jurisdicción concentra investigaciones sobre delitos complejos, como narcotráfico, criminalidad económica y contrabando, lo que exige una preparación técnica y profesional adecuada para asegurar el éxito del sistema acusatorio.
Durante el proceso de adaptación, se han realizado aportes al Poder Judicial de la Nación, a la Procuración General y a la Defensoría General de la Nación, con el fin de optimizar las condiciones de funcionamiento y alcanzar estándares homogéneos en la operativa del sistema. Entre las iniciativas llevadas a cabo, el Ministerio de Justicia proporcionó herramientas tecnológicas enfocadas en fortalecer el análisis forense digital, mediante la entrega de sistemas UFED y equipamiento especializado para mejorar el manejo de evidencia digital y asegurar la custodia de la cadena de custodia.
Asimismo, se comenzó el levantamiento de información sobre las infraestructuras del Poder Judicial para avanzar en la adecuación y equipamiento de las salas de audiencias requeridas por el nuevo modelo, incluyendo tecnología audiovisual, conectividad y sistemas de registro digital. De forma paralela, se han promovido capacitaciones para magistrados, funcionarios y equipos técnicos, a través de talleres, actividades académicas e intercambios con jurisdicciones donde el sistema ya está en funcionamiento.
La decisión de diferir la vigencia del Código Procesal Penal en Córdoba se deriva de evaluaciones técnicas y diagnósticos institucionales que evidencian la necesidad de profundizar las adecuaciones edilicias, fortalecer el acceso a espacios adecuados y garantizar la operatividad de las salas de audiencias bajo el nuevo modelo.
Este proceso ha sido respaldado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que solicitó formalmente el retraso mediante la Acordada N° 34/2026, así como por la Procuración General de la Nación, que presentó un diagnóstico en abril de 2026 resaltando múltiples necesidades relacionadas con la operatividad, la tecnología y la infraestructura.
El análisis realizado por las entidades involucradas, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, subraya la importancia de asegurar condiciones materiales y operativas adecuadas para la entrada en vigencia del Código. Se prevé que este solo sea efectivo una vez que las salas de audiencias estén completamente operativas y se hayan finalizado las capacitaciones necesarias, que incluirán simulacros y talleres de estandarización para todos los operadores judiciales.
