Las entidades bancarias sostienen que los programas de refinanciación de deudas implementados desde comienzos de año contribuyeron a estabilizar la situación. Sin embargo, dentro del sector existen distintas interpretaciones sobre las causas del incremento de la morosidad y sobre el impacto que tienen las reglas utilizadas para medirla.
Una de las principales discusiones gira en torno al denominado “efecto arrastre”. El mecanismo fue establecido por la Comunicación “A” 5998 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), emitida en 2016, y establece que una entidad debe reclasificar a un deudor cuando registra atrasos significativos con otros acreedores que representan el 40% o más del total de su deuda registrada en la Central de Deudores.
En la práctica, esto implica que un cliente que mantiene al día sus obligaciones con un banco puede ser reclasificado en una categoría de mayor riesgo si registra incumplimientos relevantes con otros acreedores.
Algunas entidades consideran que este mecanismo tiene un impacto importante sobre los indicadores que presentan ante el BCRA. Según esta posición, entre el 50% y el 60% de las irregularidades contabilizadas no se originarían en los propios préstamos bancarios. Con ese criterio, estiman que el nivel de morosidad del sistema, actualmente ubicado en torno al 6,5% o 7%, podría ser entre dos y tres puntos porcentuales inferior si se aislara el efecto de esta regla.
La discusión también involucra al sector financiero no bancario. Algunas entidades sostienen que una parte importante de las deudas de sus clientes corresponde a créditos otorgados por billeteras virtuales, comercios que financian sus ventas y compañías de financiamiento al consumo, en algunos casos con costos financieros muy elevados.
Los datos citados dentro del sector muestran una diferencia entre los niveles de mora. Mientras la morosidad de los préstamos a familias en la banca privada se ubica en el 14,2%, en el segmento de empresas financieras tecnológicas alcanza el 34,3%.
Desde las entidades que cuestionan el mecanismo también advierten que algunos créditos presentan costos financieros superiores al 400%, lo que dificulta la capacidad de pago de personas que pueden mantener al día sus obligaciones bancarias pero acumulan compromisos con otros prestamistas.
En ese contexto, se mantienen conversaciones con el BCRA para analizar la metodología utilizada para computar la morosidad y evaluar posibles cambios en las reglas aplicables al otorgamiento de crédito por parte de las entidades no bancarias.
Sin embargo, el diagnóstico no es compartido por todo el sistema financiero. Otras entidades consideran que el efecto arrastre tiene una incidencia limitada y que el aumento de la morosidad también se observa cuando se analiza la cartera sin aplicar ese mecanismo.
Desde esa perspectiva, el deterioro responde principalmente a la evolución de las propias carteras de crédito y a una menor capacidad de pago de los hogares. Entre los factores señalados aparecen la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y, particularmente entre los segmentos más jóvenes, el crecimiento de las apuestas virtuales y la búsqueda de financiamiento inmediato.
En esta línea, el endeudamiento y la reducción de la capacidad de pago son considerados problemas que atraviesan al conjunto del sistema. La estrategia de las entidades apunta entonces a identificar la situación de cada cliente y ofrecer alternativas de refinanciación que puedan ser sostenidas en el tiempo.
El debate sobre la morosidad combina así dos cuestiones: el deterioro efectivo de la capacidad de pago de los hogares y el impacto que las normas de clasificación tienen sobre los indicadores que reflejan el nivel de incumplimiento del sistema financiero.
