La fecha quedó establecida mediante la Resolución 275/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego del proceso de evaluación y adecuación institucional desarrollado para poner en funcionamiento el nuevo esquema procesal.
El sistema incorpora un modelo acusatorio que modifica la distribución de funciones dentro del proceso penal. El Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la dirección de las investigaciones, mientras que los jueces deberán controlar la legalidad de los procedimientos y actuar durante las audiencias orales y públicas.
La implementación también contempla el uso de legajos digitales y busca reducir los tiempos de tramitación, con procedimientos que no deberían extenderse más allá de 60 días. El objetivo es agilizar las causas, fortalecer las garantías procesales y mejorar la respuesta judicial frente a investigaciones de delitos complejos.
La jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata comprende 17 partidos del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, cinco del noreste y 23 del noroeste de la provincia. Dentro de ese territorio se encuentran, además, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y los puertos de La Plata y Dock Sud.
La entrada en vigencia del nuevo esquema tuvo distintas fechas previstas. Originalmente había sido programada para el 18 de mayo, pero posteriormente se había fijado el 30 de noviembre con el objetivo de completar obras y tareas de capacitación. El cronograma fue finalmente modificado y estableció el 21 de septiembre como fecha de inicio.
Entre las condiciones para la puesta en marcha se encuentran la integración de sistemas UFED y la disponibilidad de salas destinadas a las audiencias.
El modelo acusatorio ya funciona en distintas jurisdicciones del país, entre ellas Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. También se encuentra implementado en ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás.
Con el nuevo esquema, la investigación penal quedará bajo la conducción del Ministerio Público Fiscal, mientras que los jueces concentrarán su intervención en el control de legalidad y en las decisiones que deban adoptarse durante las audiencias públicas.
